ETA, contra las cuerdas

José María Aznar es una víctima del terrorismo. Llegó en 1996 a la presidencia del Gobierno tras haber sufrido el 19 de abril de 1995 un brutal atentado en Madrid que pudo costarle la vida. ETA se sentía fuerte. Mantenía secuestrado desde el 16 de enero de 1996 en una húmeda cripta al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Gozaba de un amplio apoyo político y una cantera de jóvenes fogueados en la violencia callejera. La llegada del PP al poder fue saludada por la banda con el asesinato en Córdoba del sargento del Ejército Miguel Ángel Ayllón.

Aznar situó al frente del Ministerio del Interior a un vasco, Jaime Mayor Oreja, convencido como él de que ETA no son sólo los comandos, sino también su entorno, quienes les dan sostén y apoyo, como el hoy jefe de filas de los populares en el Parlamento vasco se hartó de decir. Mayor Oreja suele recordar 1997 como uno de los años más amargos de su vida. La euforia que supuso la liberación de Ortega Lara, el 1 de julio, fue cortada de raíz por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, un joven concejal del PP de Ermua (Vizcaya). La masiva petición ciudadana a ETA para que le liberara, las noches en vela de miles de personas en toda España, y también en Ermua, no evitaron el crimen.

El asesinato de Miguel Ángel Blanco puso en marcha el llamado espíritu de Ermua, un ambiente de repudio al terrorismo que se fue extendiendo de calle en calle en el País Vasco. La banda y su entorno percibieron el peligro y pusieron en marcha una campaña de intimidación a través de la kale borroka. Y siguió matando ediles del PP, cuatro en dos meses.

Pero los golpes policiales empezaron a encadenarse cada vez con mayor facilidad. ETA necesitaba aire para reponerse e hizo movimientos sorprendentes. El 12 de septiembre de 1998 se firmaba entra las fuerzas nacionalistas el acuerdo de Estella-Lizarra -con todas las bendiciones de ETA- por la autodeterminación de Euskadi. Sólo cinco días después ETA anunciaba una tregua indefinida y emplazaba al Gobierno a negociar.

La tregua se reveló a la postre como una estratagema de ETA para curar sus serias heridas y avanzar en la consecución de sus objetivos. Pero llevó un aire fresco a Euskadi que hizo pensar que el terrorismo no volvería, porque la violencia callejera nunca se fue. El Gobierno y ETA mantuvieron una reunión "exploratoria" en Zúrich (Suiza) el 20 de mayo de 1999, en la que, como confiesa uno de los participantes por parte del Ejecutivo, "se vio que no había nada que hacer". Los contactos se bloquearon durante el verano y ya entonces Mayor dijo sin ambages que se trataba de "una tregua trampa".

El 28 de noviembre de 1999 ETA dio por rota la tregua y puso en marcha un brutal atentado con dos furgonetas-bomba que pretendía colocar en el centro comercial Azca, de Madrid. La llamada "caravana de la muerte" fue interceptada por la Guardia Civil, pero ETA, con una nueva estructura y un nuevo sistema de funcionamiento, comenzaba una asfixiante campaña de terror. Comenzó 2000 y sancionó el fin de la tregua, con el asesinato en Madrid, el 21 de enero, del teniente coronel Pedro Antonio Blanco. Fue el año en que la banda asesinó a personajes de la política española como Fernando Buesa (portavoz del PSE en el Parlamento vasco), al fundador del Foro de Ermua José Luis López de Lacalle o al ex ministro del PSOE Ernest Lluch, además de media docena de concejales del PP (23 personas en total, la mayor cifra de asesinatos desde 1992). "Fueron momentos muy duros, porque ETA nos tenía desconcertados; pero empezamos a ver cómo funcionaban y, poco a poco, la fuimos acorralando", asegura un mando de la lucha antiterrorista. 2001 fue decisivo.

Las policías de España y Francia dieron en febrero con el jefe de los comandos de la nueva ETA, Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, y, seis días después, Mariano Rajoy era nombrado ministro del Interior en sustitución de Mayor Oreja, que intentó conseguir en las urnas, sin éxito, la presidencia del Gobierno vasco. Los atentados mantenían la presión, con asesinatos por toda España, convertido en el país europeo con más guardaespaldas.

Fue entonces cuando unos terroristas suicidas estrellaron tres aviones contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, en Washington, un 11 de septiembre.El atentado provocó en todo el mundo un vuelco de la percepción del terrorismo. Aznar se alineó desde entonces con Estados Unidos en la lucha antiterrorista, convencido de los beneficios que este apoyo podía suponer en el combate a ETA. Una estrategia que acabó llevando tropas españolas a Afganistán e Irak para combatir, como dice Aznar, "al terrorismo internacional allá donde esté".

El juez Baltasar Garzón brindó a EE UU las primeras detenciones de terroristas islámicos vinculados directamente con el 11-S, sin descuidar su presión sobre ETA y su entorno. Las organizaciones que prestaban apoyo a ETA y sus presos, como Gestoras pro Amnistía o Segi, fueron ilegalizadas; la llamada violencia callejera fue arrinconada con medidas legales que elevaban las condenas; el apoyo internacional se redoblaba. EE UU y la UE elaboraban listas de terroristas internacionales en las que incluían a ETA y a sus jefes.

La cada vez más decidida colaboración francesa provocó el desmantelamiento del aparato logístico etarra y de su aula de terroristas, donde fue incautada una documentación que fue un maná en la lucha contra la banda. Y los comandos caían en manos de las fuerzas de seguridad cada vez con mayor facilidad. La corriente antiterrorista internacional fue aprovechada por el Gobierno para plantear medidas legislativas, judiciales y policiales que, sin el 11-S, hubieran parecido impensables. El 27 de junio de 2002 se aprobaba la ley de Partidos con el objetivo declarado de ilegalizar a Batasuna. Las herriko tabernas quedaban proscritas y Batasuna pasaba de ser considerada el "entorno de ETA" a ser directamente ETA.

Ángel Acebes, que como ministro de Justicia había elaborado las medidas para proscribir todo lo que oliera a ETA, fue llevado a Interior para aplicarlas. "Hubo quienes pensaron que con la ilegalización de Batasuna, las medidas contra la kale borroka o el cierre de herriko tabernas iba a arder el País Vasco; está claro que se equivocaron", ha declarado Acebes.

Los terroristas fueron perdiendo apoyos e infraestructuras, la kale borroka se fue reduciendo casi al mínimo y, a la vez, las fuerzas de seguridad decapitaban a las sucesivas cúpulas militares de ETA casi sin darles tiempo a tomar posesión. De hecho, uno de los jefes de los comandos, Ibon Fernández Iradi, Susper, acabó convirtiéndose en uno de los mejores colaboradores de la policía al dejar a sus espaldas tras su huida el mayor alijo de información interna desde las operaciones de Sokoa y Bidart.

Los papeles de Susper tuvieron un efecto demoledor. Los nuevos terroristas eran detenidos antes de actuar. Los jefes de ETA sufrieron una persecución sin precedentes, hasta el punto de que los sucesivos mandos de los comandos eran detenidos dos meses después de sustituir a los detenidos. Pero, sobre todo, el 17 de marzo de 2003 era ilegalizada Batasuna, medida que sembró un desconcierto sin precedentes en las filas abertzales. La presión llevó a la banda a abrir un debate interno sobre la conveniencia de seguir matando. Decidió seguir, pese a las fuertes disensiones internas y a los rumores de tregua.

Los años 2002 y 2003 discurrieron con la detención entre Francia y España de 358 miembros o colaboradores de ETA. El golpe de gracia fue la captura en Lons de tres veteranos, incluido el número uno, Gorka Palacios. Esa captura, junto a la del comando que pretendía volar un tren en Madrid durante la Nochebuena, desataron la euforia. El príncipe Felipe, Aznar y Acebes han dicho públicamente que el fin de ETA es posible por la vía policial. Una opinión compartida en parte por los mandos antiterroristas ("queda mucho, salvo que ETA decida lo contrario", dicen), y matizada por el ministro francés del Interior, Nicolas Sarkozy, el 21 de diciembre en La Moncloa: "Hay que ser prudentes y que los hechos hablen. No olviden que ya ha habido decepciones".