Del abrazo nacionalista a la exclusión

El 3 de marzo de 1996, el PP ganó las elecciones generales y consiguió 156 escaños de los 350 que integran el Congreso de los Diputados. Faltaban 20 para conseguir, primero, la investidura del candidato popular, José María Aznar y, después, poder gobernar sin sobresaltos. El PSOE habló de "dulce derrota" -había conseguido141 escaños y sólo 340.000 votos menos que los vencedores- después de soportar tres años de acoso y derribo de una ferocidad política desconocida.

Pero la dulzura sólo se saborea, de verdad, en la taza del poder y el PP empezó a servirse azúcar el 27 de marzo de aquel año, cuando Federico Trillo, uno de los diputados que más se habían distinguido por sus ataques al último Gobierno de Felipe González, fue elegido presidente del Congreso con 179 votos, los de su grupo más los de CiU, PNV, Coalición Canaria y Unió Valenciana.

El diputado agresivo e intransigente con sus adversarios se transmutó en guardián de la "tolerancia", pero los 23 votos que tuvo que pedir prestados le obligaron a recordar que el Congreso no era "un Parlamento de mayorías cerradas".

Tan abiertas estaban las mayorías que el Congreso tardó mes y medio en reunirse para que el candidato del PP, José María Aznar, pudiese ser investido presidente del Gobierno, con los votos de nacionalistas catalanes, vascos, canarios y valencianos.

En ese intervalo se escucharon voces que, oídas hoy, provocan mitad asombro, mitad sonrojo. Xabier Arzalluz, por ejemplo, entonces presidente del PNV, ensalzaba ante la prensa las virtudes del dirigente popular y las contraponía a los graves defectos que achacaba a González.

Dentro del hemiciclo, el día en que Aznar fue investido, Iñaki Anasagasti, portavoz del PNV, le dijo al candidato del PP: "A nadie se le oculta que veníamos de un largo y profundo desencuentro histórico", pero "usted, señor Aznar, ha demostrado saber remar contra corriente y remontar con tenacidad obstáculos importantes". y Joaquim Molins, en nombre de CiU, le regaló, entre otras, esta frase: "Ha demostrado visión de Estado y valor político".

De modo que la primera legislatura popular se inició en auténtico clima de luna de miel entre populares y nacionalistas. Las tensiones fueron escasas, salvo las provocadas por el propio Grupo Popular cuando pidió que se investigase un supuesto fraude de 200.000 millones de pesetas consentido por la Agencia Tributaria en la época socialista. Quizás este fue el primer atisbo serio de una conducta -los intentos constantes de subvertir la lógica democrática e intentar controlar al adversario- que la oposición ha venido reprochando al Gobierno y al PP a lo largo de las dos últimas legislaturas.

Pero el idilio con los nacionalistas vascos duró menos de dos años. En setiembre de 1998, el PNV firmó el Pacto de Lizarrra con HB, después de negociar con ETA, y el 27 de octubre, durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado, y tras las elecciones autonómicas del País Vasco, Jon Zabalía, en nombre de los nacionalistas vascos en el Congreso, oficializó la ruptura: "La campaña vasca ha demostrado que ya no somos socios". Faltaba decir que con el Pacto de Lizarra el Gobierno se había cargado de razones para poner el grito en el cielo.

Pero el apoyo de CiU y de CC se mantuvo, y la legislatura transcurrió sin el menor sobresalto desde el punto de vista del apoyo parlamentario. Tanto, que Aznar pudo presumir, lo mismo que ahora, de haberla agotado.

Para los socialistas no fue tan tranquila. Joaquín Almunia la había iniciado como portavoz socialista, pero la dimisión de Felipe González y el salto del primero a la secretaría general obligó a un cambio. Juan Manuel Eguiagaray ocupó la portavocía, hasta que las primarias en el PSOE para designar candidato a la presidencia del Gobierno llevasen a Josep Borrell a la cúspide. Borrell decidió nombrar portavoz a Luis Martínez Noval, ex ministro de Trabajo. Tres portavoces socialistas en el Congreso en una legislatura, mientras los populares mantuvieron de principio a fin a Luis de Grandes.

Cuatro años después, casi con exactitud de calendario, el 12 de marzo de 2000, la derrota socialista no fue tan dulce como la anterior. El PP consiguió una mayoría absoluta muy holgada, con 183 diputados; el PSOE perdió 16 respecto a la anterior legislatura y ha tenido que capear el temporal, los últimos cuatro años, con 125. Era el preludio de distintos reveses que, más tarde, llevaron a ironizar con amargura a un dirigente socialista: "De dulce en dulce derrota, podemos llegar hasta la diabetes".

El panorama había cambiado de tal manera que el 2 de abril de 2000, por primera vez en la historia parlamentaria española, una mujer, Luisa Fernanda Rudi (PP) llegó a la presidencia del Congreso. Quizá porque el poder abruma sólo con contemplarlo, estuvo a punto de lograr la unanimidad. Consiguió 329 votos, del PP, PSOE, CiU y CC. Sólo se abstuvieron los diputados de IU y del Grupo Mixto. En diciembre pasado, cuando la legislatura agonizaba, todos los grupos de oposición firmaron una propuesta en la que reprobaban su actuación.

El panorama parlamentario cambió hace cuatro años, no sólo por por la visible redistribución de escaños, sino, sobre todo, por el comportamiento de la mayoría, que ya no precisaba ningún apoyo para sacar adelante todo cuanto quisiera.

Jorge Fernández Díaz, secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, afirma, con tono de convencimiento, que, pese a la mayoría de su partido, "el 85% de los proyectos legislativos ha tenido el apoyo de uno o más grupos de la Cámara, distintos del PP".

Fernández Díaz enuncia, también, una ley parlamentaria que suena paradójica: "Las legislaturas de mayoría absoluta presentan mayor conflictividad, porque cuando esa mayoría absoluta no existe es necesario pactar con otras fuerzas y, por tanto, el número de adversarios disminuye y, además, su posición es distinta porque saben que el partido mayoritario tendrá que acudir en su busca para conseguir algo".

Al acabar las dos legislaturas de Aznar se ha ha hecho una auténtica demostración de fuerza. El ministro de la Presidencia, Javier Arenas, y la presidencia de la Cámara han difundido cuadros estadísticos sobre la actividad del Congreso que quedó disuelto -lo mismo que el Senado- el 19 de enero.

Las cifras son abrumadoras, como puede verse en el gráfico de la página anterior, y sirven al PP para asegurar que demuestran el cumplimiento de la promesa de Aznar en su investidura: "Hacer del Parlamento el centro de la vida política".

El principal partido de la oposición piensa todo lo contrario. María Teresa Fernández de la Vega, secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso, asegura que el PP "ha colocado al Parlamento en los arrabales de la democracia" y que "la VII legislatura ha sido la más perniciosa, porque el Gobierno ha sometido al Congreso a todos sus antojos y la presidenta ha patrocinado todos los desmanes de estos cuatro años".

Para justificar estas afirmaciones tan gruesas, Fernández de la Vega propone ejemplos: "En 2001, con la Ley de Reforma Universitaria y la Ley de Calidad de la Educación se despacharon 1.200 enmiendas en una noche y ahora, en los últimos cuatro meses, se han enviado nada menos que 15 proyectos de ley por el procedimiento de urgencia, con asuntos tan importantes como arrendamientos rústicos, la Ley General Presupuestaria, la Ley de Subvenciones o las reformas del Código Penal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y se han utilizado procedimientos tan insólitos como introducir enmiendas en el Senado a leyes distintas para incluir reformas nada menos que en el Código Penal. Todo eso indica que no ha habido debate legislativo".

Lo cierto, al margen de las opiniones, es que el 18 de diciembre pasado se produjo un hecho sin precedentes en los últimos 25 años de vida democrática. La oposición en pleno rehusó votar la reforma del Código Penal que permite condenar a quien convoque un referéndum ilegal, la conocida como ley anti Ibarretxe. En las sesiones de control, el PSOE entiende que el PP ha abusado del cupo de preguntas al Gobierno, hasta convertir esta actividad fundamental del Congreso en sesiones de "alabanza y justificaciones".

También recuerda Fernández de la Vega que en la legislatura anterior hubo 18 peticiones de comisiones de investigación y se formaron dos, y en la que ahora ha concluido la oposición ha pedido investigar 35 asuntos -guerra de Irak, accidente del Yakovlev 42 en el que murieron 62 militares españoles, la catástrofe del Prestige, entre otras- y sólo se aceptó investigar el escándalo Gescartera.

Precisamente, la participación española en la guerra de Irak marcó los momentos de máxima tensión de la legislatura. En el PP se hace hincapié en que las tribunas del Congreso fueron ocupadas por invitados de los grupos de oposición, que abuchearon e insultaron a los diputados del PP, mientras en los escaños del hemiciclo, diputados de IU han exhibido pancartas en varias ocasiones y, en los pasillos y en el bar privado de los diputados se llegó al insulto personal y varios parlamentarios populares tuvieron que soportar el calificativo de "asesinos".

Los socialistas explican que Aznar nunca ha comparecido en el Congreso de los Diputados a petición de la oposición, sino siempre por decisión propia y eligiendo fórmulas que ha impedido un auténtico debate, ya que la oposición no ha podido replicar.

El 17 de diciembre del año pasado, Aznar compareció por última vez en el pleno para responder preguntas de la oposición. Esa tarde puede sintetizar el clima de deterioro progresivo y de crispación que comenzó a acentuarse desde noviembre de 2002, con el hundimiento del petrolero Prestige y la tensión parlamentaria que suscitó, hasta llegar a la cumbre del enfrentamiento, entre febrero y julio de 2003, con la guerra de Irak como telón de fondo.

Aznar se despedía del Congreso ya que no se presenta como candidato para la próxima legislatura. Había expectación. Pudo optar por ocupar 20 segundos con talante de hombre de Estado, aunque hubiese sido sólo con una fórmula protocolaria dirigida a todos los presentes. Sólo se oyeron palabras de agradecimiento para los suyos. Exclusivo y excluyente.