Control de los medios públicos y privados

El intervencionismo, especialmente en el sector audiovisual, ha marcado la política del PP en los medios de comunicación. Desde el Gobierno se impulsó la creación de un grupo abanderado por Telefónica y pilotado por Juan Villalonga, compañero de colegio de José María Aznar. El grupo nació con la compra de Antena 3 en julio de 1997, y agrupó Vía Digital, Onda Cero y productoras de cine y televisión.

Esta maquinaria estaba destinada a impedir el despegue de la plataforma Canal Satélite Digital (CSD), liderada por el Grupo PRISA. El mercado, finalmente, impuso su ley y Vía Digital y Sogecable sellaron la fusión el 8 de mayo de 2002.

Un año más tarde, Antena 3 y Onda Cero abandonaron el barco de Telefónica para pasar a manos del grupo Planeta-De Agostini.

También los tribunales se pronunciaron. El Supremo condenó al Gobierno a indemnizar con 26,4 millones de euros a CSD por los perjuicios derivados de la aplicación de un real decreto, de enero de 1997, y una ley posterior que obstaculizaron el funcionamiento de la plataforma.

La aventura digital, que pretendía colocar a España en la vanguardia tecnológica en medios audiovisuales, ha sido un estrepitoso fracaso. La plataforma digital Quiero quebró en abril de 2002, a los dos años de nacer, y dejó un reguero de pérdidas, y las dos concesiones de televisión digital terrestre (adjudicadas a El Mundo y Abc) emiten sin que casi nadie las vea por falta de una tecnología adecuada.

Tampoco el PP ha dejado escapar a su control los medios públicos, pese a que en el programa electoral de 1996 propugnaba reformar el Estatuto de RTVE y el marco jurídico, la organización y el sistema de financiación del ente público para "evitar su endeudamiento".

Todo ha sido papel mojado. El PP heredó una deuda acumulada de 1.585 millones de euros, cifra que a finales del actual ejercicio se habrá multiplicado casi por cinco, hasta alcanzar 6.892 millones.

El Gobierno adscribió RTVE a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2000 para intentar sacar al ente público del agujero negro y ambos organismos diseñaron un Plan Marco de Viabilidad. Este documento prevé la desaparición de la deuda (6.200 millones, que serán asumidos por el Estado) y el déficit anual el 1 de enero de 2005. Tampoco el PP cumplió su promesa de privatizar las televisiones autonómicas. El entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció en septiembre de 2000 la salida a subasta de Telemadrid, y en la Comunidad Valenciana se iniciaron los pasos para poner en manos de la iniciativa privada algunas parcelas de la gestión de Canal 9, pero ninguno de de los dos proyectos ha prosperado.

ACUSADA DE SECTARISMO Condenada en 2002

José María Aznar incumplió su compromiso de no designar a militantes de su partido al frente de RTVE. Al año de ocupar el Gobierno nombró a Fernando López-Amor, diputado del PP. Era el segundo eslabón en la cadena de cinco directores generales en ocho años: Mónica Ridruejo, Fernando López- Amor, Pío Cabanillas, Javier González Ferrari y José Antonio Sánchez.

El PP ignoró también el proyecto de hacer de RTVE "un vehículo de información respetando los principios de objetividad, veracidad e imparcialidad". Oposición y sindicatos han protestado sistemáticamente por el sectarismo y la falta de pluralidad y neutralidad de los telediarios. Y por primera vez, TVE fue condenada por la Audiencia Nacional por manipular la información sobre la huelga general del 20 de junio de 2002. Estaba al frente de los informativos Alfredo Urdaci.

Además de desentenderse del grave problema financiero de RTVE, el Gobierno no ha sido capaz de poner orden en el complejo panorama de la radio y la televisión. Los anuncios de una ley audiovisual han sido humo. Tanto como la creación de "una autoridad independiente del poder Ejecutivo" para regular el sector.

El Gobierno se ha limitado a poner parches a la maraña normativa urdida a través de una docena de leyes, y casi siempre de espaldas al Parlamento. Las actuaciones de mayor calado (eliminar el tope accionarial de las televisiones privadas y regular la actividad de las locales) se han llevado a cabo a través de una ley embudo en la que cabe de todo, la de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado.