Los 'irregulares' de Aznar

En 1996, cuando el PP se hizo cargo del Gobierno, residían en España poco más de medio millón de extranjeros, todos ellos regularizados. Hoy, tras cuatro reformas que han endurecido cada vez más la legislación, el número de extranjeros es de 2,5 millones, de los cuales 853.000 se hallan en situación irregular. Las causas de este cambio responden tanto al auge de la inmigración en toda Europa como a la gestión de los Gobiernos de José María Aznar.

El fenómeno social que está transformando vertiginosamente la sociedad no estalló de un día para otro. Pero si hubiera que señalar una fecha en la que los españoles tomaron conciencia de su existencia sería el 22 de enero de 2000. A las ocho y media de la mañana de aquel día, un inmigrante palestino de 24 años degolló a dos agricultores en la localidad almeriense de El Ejido. Una decena de días más tarde, otro inmigrante, esta vez de origen magrebí, mató de una puñalada a una mujer de 26 años en un mercado cercano. Cientos de vecinos armados con barras de hierro y palos se entregaron entonces a una orgía de vandalismo racista. Cortaron carreteras de acceso a la población, quemaron neumáticos, coches, viviendas y negocios de inmigrantes, y apalearon a cuantos extranjeros hallaron al paso.

Antes, en junio de 1996, apenas un mes después de que el PP llegara al poder, 103 inmigrantes subsaharianos fueron expulsados, previamente narcotizados con haloperidol, a varios países africanos a bordo de un avión militar. A propósito de esa operación, el presidente Aznar pronunció, a modo de explicación, aquella frase que se haría famosa: "Había un problema, y lo hemos solucionado".

El entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, señaló tres meses después de lo ocurrido en El Ejido: "La inmigración es el problema número uno para la convivencia en España durante la próxima década. Si ETA es un problema del siglo XIX, la inmigración será la piedra angular de la convivencia".

Mayor Oreja pronunció esas palabras en la toma de posesión del primer delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, el secretario de Estado Enrique Fernández-Miranda. Fue mucho más que un acto protocolario. Fue la escenificación de un cambio radical del enfoque que el Ejecutivo había dado hasta entonces al fenómeno. Con aquella breve liturgia, el Ministerio del Interior arrebató las competencias sobre los extranjeros al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La inmigración comenzó a ser tratada como un asunto de competencia policial.

Ese cambio de rumbo ya se había cobrado su primera víctima política pocos meses antes en la personas del entonces ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, que había presentado una Ley de Extranjería de talante progresista para sustituir la norma socialista de 1985. El Gobierno decidió introducir 105 enmiendas para endurecerla, pero la Cámara las rechazó. Sucedió en el último pleno de la primera legislatura con Aznar en La Moncloa. El presidente del Gobierno prometió que, si ganaba las elecciones que se avecinaban, su primera tarea sería cambiar la ley.

Y lo hizo. No una, sino tres veces. Para justificar su actitud, el Gobierno echó mano de un concepto hasta entonces inédito, el supuesto "efecto llamada" que la norma ejercía sobre los miles de inmigrantes que, cada vez en mayor número, alcanzaban desde Marruecos las costas andaluzas y Canarias. El 24 de noviembre de 2000, la mayoría absoluta del PP logró sacar adelante la reforma en el Congreso, pero con un lastre. El PSOE, seis Gobiernos y dos Parlamentos autónomos recurrieron ante el Tribunal Constitucional.

El PP siempre justificó su política por el método de identificar inmigración con delincuencia. Si la primera reforma de la ley se hizo bajo los ecos de los vandálicos sucesos de El Ejido, la segunda fue presentada al rebufo del crimen que el moldavo Pietro Arkan perpetró en 2002 en un chalé de Madrid. La respuesta del Gobierno fue modificar no sólo la Ley de Extranjería, sino también la de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal para que los delincuentes extranjeros condenados por delitos con penas inferiores a seis años fueran expulsados del país.

Pocos meses después de que el PP impusiera en el Congreso su mayoría absoluta para aprobar esta reforma, el Tribunal Supremo anulaba, en marzo de 2003, 11 artículos del reglamento que desarrollaba la ley. Vértebra a vértebra, saltaba por los aires la espina dorsal de la política de extranjería.Para apuntalar su política, el Gobierno se vio obligado a modificar nuevamente el Código Penal, el Código Civil, la Ley de Bases de Régimen Local y, por tercera vez en tres años, la Ley de Extranjería. Y aprovechó para endurecer aún más la norma. En diciembre del año pasado entró en vigor la última reforma, por ahora, de la ley.

La batería de diques legales puesta en marcha por el Ejecutivo en los últimos ocho años, las dos regularizaciones extraordinarias -que permitieron salir a la luz a cientos de miles de extranjeros-, el blindaje de Ceuta y Melilla y el Sistema Integral de Vigilancia Electrónica instalado en el Estrecho y en Canarias no han conseguido frenar la avalancha de extranjeros.

En las calles crece día a día una masa de sin papeles que, imposibilitados para trabajar legalmente, basculan entre la explotación laboral y la tentación de la delincuencia como modo de sobrevivir.