El Plan del Clima del Gobierno no fija una reducción de emisiones

El Gobierno ha alcanzado un acuerdo de mínimos con los sectores económicos y sociales representados en el Consejo Nacional del Clima para cerrar la estrategia española de lucha contra el cambio climático. Aunque plantea la adopción de 440 medidas, de las que casi la mitad se refieren a la energía, la industria y la agricultura, no fija objetivos de reducción de emisiones ni valora el coste de su aplicación.

A sólo semanas de las elecciones generales, el Ministerio de Medio Ambiente anuncia con más de tres años de retraso el acuerdo alcanzado en la comisión permanente del Consejo Nacional del Clima para adoptar un conjunto de medidas (440) tendentes a reducir las emisiones que afectan al cambio climático y cumplir los objetivos del Protocolo de Kioto.

El documento se someterá a votación de los 52 miembros del Consejo en sesión plenaria convocada para primeros de febrero, con la intención de que lo apruebe el Consejo de Ministros antes de que acabe el mes, según dijo ayer la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez.

Las grandes áreas sobre las que pretende incidir son: la ordenación del territorio, el ahorro y la eficiencia energética, el uso de las mejores tecnologías disponibles en las actividades económicas, incentivos fiscales para reducir la contaminación y la aplicación de sistemas de gestión y control ambiental de los sectores más contaminantes. En el ámbito energético se quiere impulsar la cogeneración y los biocarburantes. Los edificios públicos y centros educativos se dotarán de energía solar térmica para el suministro de agua caliente sanitaria. Se impulsará la investigación en tecnologías basadas en el hidrógeno y se incentivará fiscalmente el uso de energías limpias en la industria, particularmente la cerámica y la siderurgia.

Estas iniciativas apenas tendrán incidencia en la reducción de emisiones frente al plan de infraestructuras energéticas propuesto recientemente por el Gobierno hasta alcanzar el año 2011. Este plan supondrá elevar un 71% las emisiones de efecto invernadero en España, según Cristina Rois, coordinadora de energía de Ecologistas en Acción y miembro del Consejo Nacional del Clima.

"Cuando se elaboró ese plan eléctrico ya se conocían los compromisos de Kioto, pero no se tuvieron en cuenta", lamenta Rois. El documento de la estrategia no recoge ninguna valoración económica del coste de su aplicación. Tampoco se atreve la ministra a dar una cifra, pero la CEOE sí: 5.000 millones de euros al año. Para Elvira Rodríguez el dato revela que el sector empresarial quiere ponerse la venda antes de la herida. Reconoce que España no está en la mejor de las situaciones. con un crecimiento del 38% en las emisiones cuando no está autorizada a superar el 15% con relación al año 1990. "Hay dificultades y tiene que implicarse más el Ministerio de Economía" dijo ayer.

Al ministerio se le ha echado encima el calendario. Para el 31 de marzo próximo tendrá que remitir a la Comisión Europea el plan de asignación de emisiones para cada sector e instalación. Ese plan se intrumentalizará en una ley que, con unas elecciones legislativas de por medio, será difícil que se apruebe antes de 2005, cuando empiece a funcionar el mercado de emisiones.