Blindaje de Doñana
El Parque Natural de Doñana ha recibido dos buenos regalos de Navidad. Las administraciones estatal y autonómica han incorporado 4.000 hectáreas de terreno al área protegida, una de las más importantes de Europa por el interés biológico que atesora y su papel de hospedaje para las aves migratorias hacia o desde el continente africano.
La donación del Ministerio de Medio Ambiente es la más voluminosa. Aporta 3.400 hectáreas que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir expropió para poder intervenir en el blindaje del parque nacional contra el vertido tóxico que provocó la ruptura de la balsa minera de Boliden. Pero son más valiosas las 500 hectáreas que la Junta de Andalucía incorpora al cinturón de protección del parque, pues significan un límite a la irrefrenable ocupación de la costa por el ladrillo. Esas 500 hectáreas corresponden a los terrenos donde se proyectaba levantar el famoso proyecto inmobiliario Costa Doñana, que pretendía extender una muralla de apartamentos y hoteles desde Matalascañas y a lo largo de la costa onubense.
Los alcaldes de la zona lo defendían ardientemente, como muchos otros ediles que siguen confundiendo el desarrollo de sus municipios con hacer caja mediante licencias de obras. De haberse mantenido el proyecto, Doñana habría quedado tocado de muerte. El mantenimiento de una reserva natural tan singular, donde el recurso hídrico permite un delicadísimo equilibrio para su ecosistema, es incompatible con el consumo de recursos naturales derivado de una invasión turística como la proyectada.
Cuando la presión de científicos y ecologistas movió a la Junta de Andalucía a paralizar la iniciativa y ofrecer la permuta de terrenos a los promotores inmobiliarios, sobre los terrenos pesaba ya una cascada de hipotecas. Esta carga es lo que ha lastrado durante más de doce años unas negociaciones en busca de un acuerdo al que sólo le faltan las firmas. A los dueños de Costa Doñana se les ceden terrenos urbanizables junto al casco urbano de Mazagón, a cambio de que se incorporen sus tierras -una franja de dunas fósiles muy transitada por linces- al perímetro protegido.
El acuerdo es importante porque va contra corriente. No hace mucho un responsable político de la Comunidad Valenciana afirmaba que la Ley de Costas sólo podría aplicarse a menos del 10% de su litoral: el resto ya está edificado.
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