Reportaje:PAKISTÁN EN LA GUERRA CONTRA EL TERRORISMO

Musharraf, el superviviente

El presidente de Pakistán intenta mantener un difícil equilibrio entre Washington y los extremistas islámicos

En un espectacular final a la cumbre de los líderes de siete naciones del sur de Asia el 6 de enero, India y Pakistán anunciaron que iniciarían conversaciones formales en febrero para resolver sus diferencias, en especial sobre la disputada región de Cachemira. El anuncio ha sido la única noticia positiva desde hace meses para el presidente Pervez Musharraf, que se enfrenta a disturbios internos que incluyen dos intentos de asesinato contra él, renovadas críticas internacionales tras las acusaciones contra científicos paquistaníes de ayudar a la proliferación de tecnología nuclear en Irán, Libia y Corea del Norte, y a la presión diplomática para detener el presunto apoyo de Pakistán al resurgimiento talibán en Afganistán y para obtener más apoyo de los servicios secretos con el fin de capturar a Osama Bin Laden.

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"Para sacar adelante el proceso de normalización, el presidente de Pakistán y el primer ministro de India han acordado iniciar su proceso de diálogo compuesto en febrero", mencionaba una declaración leída por los ministros de Exteriores de ambos países tras la conclusión de la cumbre de tres días en Islamabad entre los siete jefes de Estado del sur de Asia. "Se ha hecho historia, que hayamos llegado a un acuerdo en llevar hacia delante este proceso de normalización y en el establecimiento de un marco de trabajo para llevarlo hacia su fin lógico", dijo Musharraf.

Cada líder parecía haber conseguido lo que deseaba del otro. India quería garantías públicas de que Islamabad pondrá fin a las incursiones fronterizas de paquistaníes y militantes cachemires en la Cachemira india. "Musharraf aseguró al primer ministro Vajpayee que no permitirá que ningún territorio bajo control de Pakistán sea utilizado para ayudar al terrorismo", se decía en la declaración. Mientras tanto, Pakistán obtenía garantías de que el asunto de Cachemira sería discutido.

Musharraf tiene por delante una tarea mucho más difícil, porque tendrá que poner freno a los extremistas, apoyados por el Ejército durante 20 años. Algunos grupos de militantes cachemires han denunciado la cumbre y han acusado a Pakistán de traicionar la causa de la Yihad contra India. Estos militantes podrían intentar echar por tierra el proceso de paz lanzando ataques suicidas en Cachemira.

Al menos uno de los dos terroristas suicidas que intentaron asesinar a Musharraf el día de Navidad era un militante cachemir. Dos terroristas suicidas embistieron con sendos coches llenos de explosivos al convoy de Musharraf a poco más de un kilómetro y medio de su casa en Rawalpindi. El parabrisas del coche en el que viajaba estalló en pedazos, pero logró salir ileso, aunque murieron 15 personas y 50 resultaron heridas. Nadie reivindicó la autoría del atentado o del intento de hacer volar en pedazos su convoy el 14 de diciembre.

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No obstante, está claro que estaban involucrados grupos extremistas paquistaníes con posibles conexiones con oficiales fundamentalistas islámicos. Los ataques provocaron escalofríos en todas las capitales occidentales y Pakistán, ya que no hay una línea clara de sucesión en el caso de que Musharraf fuese eliminado. No queda claro si el Ejército, bajo el mando del teniente general de Musharraf, Mohammed Yusuf Jan, retomaría el poder, o si el débil Gobierno civil encabezado por el primer ministro Zafrulá Jan Jamali sería respaldado por el Ejército.

A Musharraf no le faltan enemigos, molestos porque el Ejército se puso del lado de EE UU en sus guerras en Afganistán e Irak. En septiembre, Al Qaeda emitió una amenaza de muerte contra Musharraf. De cualquier manera, la organización de Bin Laden actúa cada vez más en Pakistán con la ayuda de grupos terroristas paquistaníes. Aun así, Musharraf ha intentado una y otra vez aplacar a los partidos islámicos de la línea dura en el Parlamento, mientras que sus poco entusiastas medidas de fuerza contra los grupos extremistas islámicos sólo se han llevado a cabo debido a las presiones procedentes de Washington. Existen más de cuarenta grupos extremistas islámicos en el país y sólo unos pocos de sus miembros se han enfrentado a arrestos o juicios.

Durante años, estos grupos han sido el sostén de la política exterior de Pakistán hacia sus vecinos. Hasta hace poco, el Ejército había hecho la vista gorda con los militantes que cruzaban la frontera hacia la Cachemira india y que apoyaban a los talibanes de Afganistán.

Estas múltiples crisis se produjeron cuando Musharraf se disponía a dar fin a un año de crisis política interna. Una oposición estridente había exigido que Musharraf cesara en su doble papel como jefe de las Fuerzas Armadas y presidente. El 24 de diciembre consiguió un pacto con los partidos islámicos de la oposición en la Asamblea Nacional, por el que se comprometía a dimitir como jefe del Ejército en diciembre de 2004, aunque seguiría como presidente hasta 2007.

A los extremistas islámicos también les ha irritado el interrogatorio al que ha sometido el Gobierno a los científicos nucleares paquistaníes a requerimiento de los estadounidenses y de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). Desde noviembre, al menos cuatro de los más eminentes científicos nucleares de Pakistán están siendo investigados por los servicios secretos por su complicidad en el suministro a Irán de equipamiento nuclear para fabricar armas entre 1987 y 1991. Es la primera vez que un comprador encubierto de tecnología nuclear ha delatado a sus proveedores.

Irán pasó información secreta a la AIEA acerca de dónde había comprado centrifugadoras de gas para enriquecer uranio con el fin de evitar sanciones internacionales y un enfrentamiento con EE UU. Pakistán ha desviado las críticas al manifestar que los responsables eran personas concretas y no el Estado. "Hay indicios de que ciertos individuos podrían haber estado motivados por ambiciones personales o la codicia. Pero no hemos llegado a una conclusión definitiva", dijo el portavoz de Exteriores Masod Jan el 23 de diciembre.

Entre aquellos que están siendo interrogados está A Q Jan, el más importante ingeniero nuclear del país, apodado El padre de la bomba paquistaní. Hasta 2000, Jan dirigió los Laboratorios de Investigación que llevan su nombre, que están a cargo del Ejército y son el principal centro de producción de uranio enriquecido y misiles de Pakistán.

Jan fue despedido en 2000 después de que EE UU le acusara de proporcionar tecnología nuclear a Corea del Norte, pero sigue siendo asesor del primer ministro. A Jan le unen fuertes lazos con las instituciones militares y con los partidos fundamentalistas islámicos, que le veneran. El verano pasado, EE UU acusó a Pakistán de intercambiar anteproyectos de bombas nucleares con Corea del Norte a cambio de sus últimos misiles. Esa crisis se contuvo cuando el secretario de Estado Colin Powell afirmó que ya no se estaban produciendo nuevas transferencias.

Golpe de Estado

Sin embargo, la semana pasada Libia dijo que también había recibido tecnología nuclear de Pakistán. Estas revelaciones han enfurecido a EE UU y a los países europeos que están intentando determinar exactamente cuándo proporcionó Pakistán la tecnología nuclear. Si abarca el periodo posterior a 1998, cuando Musharraf se hizo con el poder mediante un golpe militar y luego se comprometió con EE UU a no diseminar este tipo de tecnología, el Congreso de Washington tendrá pocas opciones aparte de la imposición de estrictas sanciones contra Pakistán.

Al mismo tiempo, la Administración de Bush está cada vez más frustrada por el fracaso de los servicios secretos de Pakistán a la hora de imponerse a los talibanes que han montado una campaña de asesinatos en el sur de Afganistán. Los diplomáticos occidentales también dicen que Pakistán no está cooperando lo suficiente a la hora de ayudar a capturar a Bin Laden y al líder talibán, el mulá Omar, que se cree se encuentran escondidos en la frontera entre Pakistán y Afganistán.

El presidente, Pervez Musharraf, en una intervención pública en Lahore en 2002.
El presidente, Pervez Musharraf, en una intervención pública en Lahore en 2002.REUTERS

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