El SMI y la cultura de la responsabilidad fiscal

El martes 11, el Consejo de Ministros aprobó la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Minutos después, por la prensa, conocimos que Hacienda, por primera vez, se negaba a que este estuviera exento de tributación. A lo largo de estos días, han apelado a una serie de criterios técnicos para justificar esta decisión. Criterios que se desmontan fácilmente, pero sobre todo que no responden a una lógica política progresista y de justicia fiscal.

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es la cuantía retributiva mínima que debe percibir una persona trabajadora por la realización de su jornada laboral, garantizando así un nivel básico de ingresos que permita cubrir sus necesidades esenciales.

Desde 2018 el SMI ha pasado de 735,90 euros a 1.184 en 2025, lo que supone un incremento del 61%. La última subida, de un 4,41%, beneficiará a 2,4 millones de personas asalariadas, lo que equivale al 12,9% del total. Es importante destacar que este aumento impacta especialmente en las mujeres, que representan el 65,8% de los beneficiarios y a los jóvenes, ya que un 26,8% de los menores de 25 años cobran el salario mínimo.

El SMI se ha demostrado como el mejor instrumento para combatir la pobreza laboral, la desigualdad salarial y la brecha salarial de género, con resultados muy positivos como refleja la última Encuesta de Condiciones de Vida que publicó el jueves el INE y como han reconocido el FMI y la OCDE.

A pesar de todas estos estos efectos positivos, el reciente incremento del SMI hasta los 16.576 euros anuales, con efectos desde el 1 de enero de 2025, ha generado una situación inédita: por primera vez, este salario mínimo queda sujeto a tributación. Esto implica que cientos de miles de personas trabajadoras con ingresos mínimos verán reducida su renta disponible debido a las retenciones fiscales.

Si no se adapta el IRPF al incremento del SMI, 21€ de los 50€ de subida se pagarán en IRPF. Esto es, el perceptor del SMI soportará un tipo marginal del 42%, una cifra inaceptable para personas de rentas bajas. Y el salario mínimo neto perdería poder adquisitivo con respecto a la evolución de los precios del año pasado. En 2025, después de cotizaciones y de IRPF, el SMI neto se incrementa un 2,5% por debajo del 2,8% del IPC de 2024.

El sistema tributario español se fundamenta en los principios de igualdad y progresividad recogidos en el artículo 31 de la Constitución Española. En este sentido, el IRPF es el principal instrumento de redistribución de la riqueza, ya que permite adecuar la carga fiscal a la capacidad económica de cada contribuyente.

Resulta particularmente llamativo que mientras las rentas del trabajo en los tramos más bajos se ven afectadas por el IRPF, las rentas del capital e inmobiliarias disfrutan de una tributación significativamente menor. Un rentista que alquile una vivienda como residencia habitual y obtenga unos rendimientos iguales al salario mínimo paga menos impuestos gracias a la reducción del 60% (o del 90% que ha prometido el Partido Socialista) que un trabajador que gane el SMI.

Esta diferencia refleja un problema estructural en la capacidad redistributiva del sistema fiscal, favoreciendo la acumulación de riqueza y perpetuando desigualdades económicas que afectan a la movilidad social y a la cohesión del país. La menor carga impositiva sobre las rentas del capital e inmobiliarias no solo reduce la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales, sino que también introduce una distorsión en la equidad fiscal que perjudica la confianza en el sistema impositivo.

Tenemos que avanzar hacia un sistema fiscal más justo y equitativo, en el que paguen más los que más tienen. No se puede caer en el error de querer compensar los 1.200 millones de euros que vamos a dejar de recaudar por la anulación del impuesto a las energéticas votada por las derechas con la mayor tributación por IRPF de los niveles salariales más bajos. La cultura de la responsabilidad fiscal se refuerza haciendo que paguen más los que más tienen.