Los ecologistas aprecian lagunas legales en el nuevo plan de inspección

La principal plataforma ecologista vasca aseguró ayer que las inspecciones ambientales a las empresas que el Gobierno quiere poner en marcha pueden quedar invalidadas si se recurre a empresas externas a la Administración, al carecer de una normativa que las regule. Ekologistak Martxan censuró que el nuevo plan anunciado el jueves por el Gobierno, que incluye inspecciones a cerca de 150 compañías, es condescendiente con las compañías y rechazó que sirva para frenar la competencia desleal.

El plan de inspección y control medioambiental es el primero que, de forma estructurada, acomete el Ejecutivo vasco. Frente a los análisis que hasta ahora se realizaban sólo a partir de una denuncia o cuando las empresas solicitaban algún permiso o subvención, se pretende que los reconocimientos se trasladen a los sectores con mayor potencial contaminante o ubicados en zonas sensibles. El programa plantea análisis integrales y con el apoyo de empresas externas, puesto que Medio Ambiente sólo cuenta con cuatro funcionarios dedicados a esta tarea.

Ekologistak Martxan, que agrupa a los grupos verdes más significativos de Euskadi, criticó ayer que, al parecer, se trata de privatizar la inspección, pero sin que exista una normativa que lo regule. Con esta carencia, asegura, "se podrían producir irregularidades administrativas que invalidasen las actuaciones realizadas". La plataforma sostiene que Medio Ambiente quiere recurrir a inspectores de Cataluña, comunidad donde la inspección ambiental se realiza exclusivamente de manera externa.

"Evidentes deficiencias"

A su juicio, el programa demuestra las "evidentes deficiencias" de la labor de control ambiental de las empresas "que han sido secularmente negadas y rechazadas por quienes ahora reconocen esta realidad incuestionable". Agregan que las deficiencias comprobadas en los primeros reconocimientos, con casos de empresas desconocedoras incluso de la ley que deben cumplir, muestran "veinte años de desidia y despreocupación del Gobierno".Los ecologistas señalan que las explicaciones de los responsables de Medio Ambiente "dan a entender que el objetivo principal del plan no es corregir la grave situación actual, sino aplazar una vez más el cumplimiento de la legislación". Para ello, se refieren a los "programas de acomodación" de las empresas en que se aprecien transgresiones de la ley. "Después de 20 años, los industriales no tienen intención de respetar su entorno", asegura la plataforma.

Censuran que se contemple establecer "acuerdos voluntarios con los sectores afectados", puesto que el respeto a la ley "nunca puede ser voluntario. La misión de la Administración es exigir su cumplimiento. Lo contrario se llama prevaricación". Ekologistak Martxan anuncia que interpondrá denuncias penales si se dan estos casos.