El Ecofin actuó ilegalmente al congelar el Pacto de Estabilidad, según Bruselas

Los servicios jurídicos de la Comisión Europea consideran que el Consejo de Ministros de Finanzas (Ecofin) de noviembre pasado que dejó en suspenso la aplicación del Pacto de Estabilidad para Francia y Alemania no tenía competencia alguna para modificar el marco legal comunitario al respecto, por lo que se extralimitó al ignorar y eludir el procedimiento previsto contra los países que tienen un déficit excesivo. Basado en ese informe, el comisario de Asuntos Económicos, Pedro Solbes, propondrá hoy a la Comisión que lleve esa decisión al Tribunal de la UE para que clarifique la situación y, en su caso, poder impugnar.

El informe de los servicios jurídicos, según fuentes oficiales, señala que el Ecofin podía haber modificado, o incluso rechazado, las recomendaciones que hizo la Comisión contra Francia y Alemania, consistentes en obligarles a poner bajo vigilancia sus cuentas públicas mediante dos informes anuales para comprobar si hacían los esfuerzos adecuados para que el déficit público de ambos países estuviera por debajo del 3% del PIB a finales de 2005. Pero los juristas añaden a renglón seguido que lo que nunca podía hacer era "dejar en suspenso" el procedimiento de sanciones previstas en el Pacto y en el propio Tratado de la Unión, salvo que se dieran una serie de hechos excepcionales que ni se produjeron ni fueron esgrimidos.

Pese a todo, y en una tensa votación registrada tras una negociación que se prolongó hasta altas horas de la madrugada, el Ecofin decidió dejar en suspenso la aplicación del procedimiento sancionador contra París y Berlín, cuyos déficit estarán por encima del 3% del PIB al menos durante tres años consecutivos (2002, 2003 y 2004). Votaron en contra España, Austria, Holanda y Finlandia, pero se quedaron a un voto de bloquear el irregular acuerdo.

A raíz de esa decisión, Solbes repitió que el Ecofin no había respetado "ni el espíritu ni la letra" del Pacto ni del Tratado, por lo que no descartó la posibilidad de que Bruselas acudiera al Tribunal de Luxemburgo. Pero el Ejecutivo comunitario encargó antes un informe a los servicios jurídicos. El documento será presentado hoy al colegio de comisarios en su reunión semanal y, en ella, Solbes explicará su opinión favorable a acudir a los tribunales.

Fuentes oficiales de la Comisión precisaron ayer que Solbes comentará en la reunión que no pretende acudir a los tribunales para "denunciar" al Ecofin o a los ministros de los países que votaron a favor de esa salida irregular a favor de París y Berlín, sino que desea que sean los tribunales los que "aclaren la situación", toda vez que el acuerdo de los ministros de Finanzas ha creado una inseguridad e incertidumbre jurídicas en la Unión.

Junto con Solbes, algún miembro de la Comisión ya se ha mostrado decididamente partidario de acudir a los tribunales. Es el caso de la comisaria de Energía y Transportes, la también española Loyola de Palacio. Las fuentes consultadas del Ejecutivo comunitario consideran que, "probablemente", se logrará la mayoría simple necesaria para adoptar la decisión. Quizás, añaden, no se tome hoy mismo, pero no se postergará mucho dado que el plazo legal para acudir al Tribunal de Luxemburgo concluye el 1 de febrero. De llevar finalmente el caso a los tribunales, no se descarta que éstos opten por anular la decisión del Ecofin.

Expertos de la Comisión partidarios de acudir a los tribunales razonan que la actual es la peor de la situaciones, dado que el Consejo se ha extralimitado en esta ocasión al modificar por su cuenta unas reglas de juego para eludir posibles sanciones contra París y Berlín, algo que podría ocurrir de nuevo en el futuro si una institución como el Tribunal de la UE no aclara los límites legales de actuación del Consejo. "No queremos un enfrentamiento institucional, pero sí que el Tribunal aclare la situación", explican en la Comisión, guardiana del Pacto y del Tratado de la UE.

El debate en la Comisión, coincidente con la presentación de los programas de estabilidad de un primer grupo de países de la UE, se efectúa cuando, en paralelo, está abierta a su vez la discusión sobre cuál será el futuro del Pacto de Estabilidad o si debe ser modificado en el futuro para tener más en cuenta los posibles estancamientos económicos en Europa como el que se inició en 2001 aún no superado.