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Bruselas aplaza la decisión de recurrir a la Justicia la suspensión del Pacto de Estabilidad

Solbes considera que un fallo del Tribunal de la UE sería "útil" para aclarar procedimientos

Tal y como adelanta hoy EL PAIS, el comisario europeo de Economía, Pedro Solbes, ha confirmado que los servicios jurídicos de la Comisión Europea consideran ilegal la decisión de los ministros de Economía (Ecofin) de no sancionar a Francia y Alemania por sus elevados déficits, lo que deja en suspenso el Pacto de Estabilidad que rige las economías de los Quince. En base a ese informe de los servicios jurídicos, Solbes ha propuesto a la Comisión que eleve el caso a la Corte Europea de Justicia de Luxemburgo y, pese a que los comisarios han estudiado "brevemente" el asunto, han aplazado la decisión, por lo menos hasta la semana que viene.

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Francia y Alemania van a estar al menos durante tres años (2002, 2003 y 2004) con déficits superiores al techo del 3% que marca el Pacto de Estabilidad, por lo que en noviembre el Ecofin se reunió para tomar algún tipo de iniciativa al respecto. Sin embargo, en vez de iniciar un procedimiento sancionador, el Ecofín emitió unas "conclusiones políticas", en las que pide a Berlín y París que lo rebajen para 2005 y vigilan el proceso mediante dos informes anuales. Ante esto, los servicios jurídicos de la Comisión estiman que el Ecofin no podía en ningún caso "dejar en suspenso" el procedimiento de sanciones previsto en el Pacto de Estabilidad, salvo en casos excepcionales que no se dan en este asunto. Así, los juristas europeos consideran que los ministros de Finanzas no tenían competencia para modificar el marco legal comunitario, por lo que se extralimitaron al ignorar el procedimiento de sanciones.

Es precisamente esta ignorancia del procedimiento lo que Solbes ha destacado en la reunión semanal de la Comisión. Solbes se ha preguntado si los Gobiernos tienen derecho a crear un nuevo proceso y sustituir un marco comunitario ya acordado, por lo que ha subrayado que el "punto fundamental" es saber si los procedimientos se han "respetado escrupulosamente o no". "No estamos debatiendo sobre el fondo, estamos hablando del respeto a los procedimiento y creo que sería útil aclarar si los aplicados son correctos o no", ha dicho Solbes.

Recurso al Tribunal de la UE

Es aquí donde debería entrar el Tribunal de Justicia de la UE, cuyo fallo en esta materia, a juicio de Solbes, "podría ser útil para dejar claro el marco de la supervisión presupuestaria de aquí en adelante; de ahí que la Comisión vaya a plantearse seriamente esto como parte de su estrategia general". La intervención del Tribunal de la UE podría "aclarar los procedimientos" y la "incertidumbre" generada por la decisión del Ecofin, que no puso en cuestión los argumentos de la Comisión en su defensa del Pacto, sino que no aceptó el procedimiento, en una decisión que Solbes califica de "política".

Para Solbes, que ha recordado que el Ejecutivo comunitario ya señaló en las actas del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (Ecofín) del 25 de noviembre que dicha decisión [la de no sancionar a Francia y Alemania] "se salía del espíritu y de la letra del Tratado y del Pacto de Estabilidad, opinión que ha sido confirmada por los servicios jurídicos", lo importante "es mirar hacia delante y dejar claro qué procedimientos se van a aplicar y cómo" en el futuro. En este sentido, Solbes ha descartado una reforma del Tratado o el Pacto de Estabilidad, aunque no ha excluido cambiar los reglamentos de aplicación de los mismos.

Sí en cambio ha recordado que la Unión está en una fase de análisis de su sistema de supervisión de las políticas económicas. Así, ha destacado que Bruselas debe encontrar el equilibrio entre su papel de guardiana de los Tratados y su derecho de iniciativa, para lo cual va a preparar una serie de medidas que deberán contribuir a mejorar la cooperación económica. Se basará en una mejora de la disciplina en busca del crecimiento, enmarcando la política fiscal en el marco económico general; la sostenibilidad de las finanzas públicas y el refuerzo de la autoridad de la Comisión como guardiana de los intereses de la Unión y las finanzas públicas.

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