Un hombre mata en Mallorca a su ex pareja y dispara también a dos de sus hijos

Domingo Pozo Martínez, de 41 años de edad, disparó a bocajarro y mató en el acto con una escopeta a su ex compañera, Pilar Crevillente, una viuda de 40 años, y luego hirió muy gravemente a dos de los tres hijos de la víctima. El crimen ocurrió la noche del 1 de enero en la casa de Pilar, en una zona obrera de Mallorca llamada S'Arenal de Llucmajor. La víctima, empleada de limpieza de un hospital, había denunciado al hombre dos veces en marzo de 2002. Pero a los 40 días le exoneró de todo ante dos jueces y no volvió a acusarle por lo que no existía ya orden de protección para ella.

El asesino, que se entregó cinco horas después a la Guardia Civil y reconoció su crimen, es propietario de un bar en la barriada de S'Indioteria.

Domingo Pozo Martínez estuvo denunciado en marzo de 2002 por amenazas de muerte y después por incumplir la orden de alejamiento dictada. En un juicio de faltas, celebrado en Palma en julio de ese mismo año, el agresor fue absuelto por falta de pruebas: ni Pilar Crevillente ni él se presentaron a la vista. El fiscal no pudo acusarle sin el refrendo de la mujer.

En los registros oficiales no consta que, con posterioridad, Pilar Crevillente presentase denuncias ni solicitase amparo ante los servicios de asistencia a las víctimas de violencia de género. Un día antes del asesinato, Domingo mandó un mensaje al teléfono móvil de ella: "No te molestaré más", le consignó.

Las compañeras de trabajo de la asesinada, efectuaron ayer en el hospital de Son Dureta un acto de homenaje a la primera víctima mortal por violencia de género del año. Las amigas explicaron que ella había comentado que Domingo -con quien convivió un año- era "violento y que le hacía la vida imposible". Pero al mismo tiempo aseguraba que "tenía miedo de que él mismo se dañara en un arrebato. Esperaba despegarse de él suavemente, poco a poco", dijo la presidenta del comité de empresa, Francisca Ibarz.

Según el relato de la juez Monserrat Casas, directora del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial, y del juez decano de Palma, Pedro Barceló, "no había en los juzgados ninguna orden de alejamiento, causa ni condena" contra Domingo porque el 20 de abril, a los 40 días de su primera denuncia, Pilar, acompañada de su hijo mayor Jaime, exoneró al agresor y pidió expresamente que se le retirara la orden de alejamiento.

"Ningún poder del Estado podía protegerla porque no había una denuncia viva, una acusación mantenida por la víctima", dijo Comas. "Es difícil mantener una medida de alejamiento si la propia víctima no está conforme. Que quede claro que la única responsabilidad aquí es del autor del asesinato", agregó la juez, que enmarcó el crimen en "las relaciones machistas de dominio y posesión que algunos hombres ejercen sobre las ex parejas".

Robo de llaves

Domingo Pozo, según el relato de un familiar vecino, entró de improviso en la casa de su ex mujer que celebraba con su familia el Año Nuevo. En la vivienda estaban también sus tres hijos, Jaime, José y Pilar, de 21, 18 y 15 años respectivamente, y las compañeras de los dos primeros. El criminal había robado el bolso a la hija menor un día antes y se había hecho con las llaves del domicilio.

Cuando los hijos se toparon con Domingo Pozo armado y amenazante, intentaron protegerla. Se sucedieron instantes de pánico, griterío, sollozos y de tragedia. Sonaron tres tiros de escopeta en el interior de la casa y los vecinos pensaron que eran petardos de fiesta. La hija y las novias de los dos hermanos salieron gritando a la calle en demanda de auxilio.

Pilar Crevillente sufrió heridas mortales y se desangró rápidamente; a su lado quedó su hijo menor, José, a quien un tiro en el estómago le desgarró los intestinos y le mantenía ayer noche en estado crítico. Jaime, el primero en enfrentarse y sufrir la agresión de Domingo, recibió heridas de gravedad en el hombro aunque su estado era menos alarmante. El agresor abandonó el lugar arma en mano. Eran poco más de las diez de la noche. De madrugada, un familiar le acompañó a entregarse.

"Era una muerte anunciada" lamentó ayer el Lobby de Dones de Mallorca mientras que la directora del Instituto de la Mujer de Baleares, Isabel Llinás, condenó los hechos y reiteró que no existían en sus oficinas de denuncias de la víctima. En julio de 2003 se aprobó la ley reguladora para los alejamientos de agresores y protección de las víctimas. A pesar de ello, el año pasado el número de muertes se elevó un 34% (al menos 70 víctimas frente a las 52 de 2002). Diversas organizaciones de mujeres exigieron ayer al Gobierno una ley integral contra los malos tratos. Y el PSOE reiteró que el asunto será prioritario si gana las elecciones.