Siete comunidades defienden reformas de sus estatutos para mejorar su autogobierno

Rajoy, candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, sostiene con rotundidad que estas reformas no son prioritarias y que, hoy por hoy, suponen un riesgo de ruptura del modelo de Estado, por lo que no es momento de hablar de ellas. A continuación se recogen, resumidos, los elementos básicos de las distintas reformas estatutarias que se plantean los dirigentes de varias comunidades.

La división de la Comunidad de Madrid en "10 o 12 circunscripciones electorales" que ha propuesto la presidenta regional, Esperanza Aguirre (PP), obliga a realizar una reforma de su Estatuto de Autonomía, informa Manuel Cuéllar. Durante su discurso de investidura, Aguirre se comprometió a llevar a cabo seis propuestas de regeneración democrática. Una de ellas requiere un cambio estatutario. "Creo que es mucho más lógico, más democrático y más útil dividir la Comunidad de Madrid en circunscripciones que agrupen a los ciudadanos por proximidad geográfica, como ya ocurre en las elecciones autonómicas de Baleares, de Asturias, de Murcia y en las Juntas Generales de Vizcaya, de Álava y de Guipúzcoa. Estas nuevas circunscripciones podrían ser 10 o 12, de aproximadamente medio millón de habitantes cada una". El cambio requiere la aprobación previa de la Asamblea, por mayoría de dos tercios. IU rechaza la propuesta, mientras el PSOE acepta estudiarla con condiciones, entre ellas la de que se haga con el consenso de los tres grupos, algo improbable. El PP tiene 57 de los 111 escaños de la Asamblea por lo que necesita, al menos, de la colaboración del PSOE para llevar a buen puerto sus planes.

Las propuestas del presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Francisco Camps, sobre la reforma del Estatuto de Autonomía prevén la incorporación definitiva de competencias ya transferidas para impedir la avocación por parte del Estado; la inclusión del derecho civil valenciano; la elevación a la condición de instituciones estatutarias creadas posteriormente como la Academia Valenciana de la Llengua o el Consell Jurídic Consultiu; la eliminación del artículo que restringe el número de consejerías posibles y la introducción del principio de subsidiariedad, informa Joaquín Ferrandis.

En el programa del PP también se incluye la necesidad de formular estatutariamente la participación de la Comunidad Valenciana en la posición de España ante las instituciones europeas en las materias que afecten a los intereses o competencias de la Generalitat. Y el presidente valenciano también incluye entre sus objetivos de reforma estatutaria la necesidad de clarificar las competencias para definir el concepto de policía autonómica.

El especial encaje autonómico de las Islas Canarias -al tratarse de un territorio alejado del continente europeo, fragmentado en siete islas, con un importante acopio de fondos europeos asociados a su condición permanente de región ultraperiférica- y mejorar la gestión y tramitación de los impuestos son algunos de los argumentos que los nacionalistas de Coalición Canaria han esgrimido para plantear la creación en las islas de una Agencia Tributaria, con difícil encaje en el actual Estatuto de Autonomía, informa Juan Manuel Pardellas. Las reivindicaciones nacionalistas de un mayor autogobierno pasan por una oficina que recaude los impuestos directos e indirectos estatales y canarios, según los programas electorales de CC.

No obstante, los resultados electorales del pasado mayo han obligado a los dirigentes e ideólogos de Coalición Canaria a guardar esas demandas. Atados hasta 2004 a un pacto nacional con el PP, formación que, además, sustenta el Gobierno canario del nacionalista Adán Martín Menis, Coalición Canaria ha optado por transformar posibles modificaciones del Estatuto de Autonomía en reivindicaciones de casi una treintena de competencias aún no transferidas o escasamente desarrolladas. Por el momento, retiran de la mesa su proyecto de Agencia Tributaria para evitar que se confunda con las demandas planteadas por Cataluña y Andalucía.

Para Martín, reivindicaciones históricas de los nacionalistas canarios incluidas en el Estatuto de Autonomía, como la gestión de puertos y aeropuertos, regulación del tráfico aéreo interinsular, comercio exterior, representación canaria en las delegaciones de España ante la Unión Europea y delimitación de aguas interiores, las procurarán "abordar sin crispaciones, cuando se den las circunstancias para un amplio acuerdo político y social en Canarias". Y añade: "Cualquier cambio importante en lo que podríamos llamar el bloque constitucional, la Constitución y los Estatutos, debe realizarse desde la premisa fundamental de un momento político tranquilo".

En marzo concluyeron, con el acuerdo de todos los grupos, incluido el PP, los trabajos de la ponencia sobre la "profundización en el autogobierno" de Aragón, informa Concha Monserrat. El Gobierno de Aragón, formado por una coalición del PSOE y el PAR, reclama todas las competencias posibles dentro de la Constitución. Y destaca que "el Senado es la gran asignatura pendiente del Estado autonómico para convertirlo en verdadera Cámara territorial". La ponencia aprobada por las Cortes de Aragón plantea que la ampliación de competencias puede hacerse "mediante la utilización del artículo 150.1 y 150.2 de la Constitución, la reforma del Estatuto y la reforma de la Constitución".