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El PSOE acepta negociar todas las reformas estatutarias planteadas, excepto la vasca

Los socialistas defienden "la constitucionalidad" de las propuestas de Maragall y Chaves

El portavoz del PSOE en el Congreso y coordinador de su programa electoral, Jesús Caldera, aseguró ayer que si su partido gobierna en 2004 aceptará negociar todas las reformas estatutarias planteadas por las autonomías, excepto la del Gobierno vasco, la única que tiene texto articulado. Caldera rechaza la negociación del plan Ibarretxe por "irreal" ya que éste "ignora una cuestión previa a cualquier debate: que una parte de la sociedad vasca, la no nacionalista, no dispone de las mismas oportunidades que la parte nacionalista al estar sometida al chantaje de la violencia de ETA".

Los socialistas fijaron su posición en materia de reformas estatutarias en la llamada Declaración de Santillana del Mar (Cantabria), del pasado 30 de agosto, acordada por el Consejo Territorial de su partido, que agrupa a todos los presidentes autonómicos y secretarios regionales del PSOE, bajo la dirección de José Luis Rodríguez Zapatero. Esa declaración fue ratificada posteriormente por el Comité Federal, máximo órgano del PSOE entre congresos. A ella se remitió ayer Jesús Caldera para dar el visto bueno a todas las reformas estatutarias planteadas, con excepción de la de Ibarretxe.

Las condiciones fijadas por los socialistas para respaldar la reforma estatutaria en una comunidad autónoma son tres. En primer lugar, "una impecable adecuación a la Constitución y sus valores". En segundo lugar, "un amplio consenso social y político, toda vez que el proceso de aprobación exige mayorías cualificadas tanto en los espacios autonómicos concernidos como en las Cortes Generales, que representan al conjunto del pueblo español". Y, en tercer lugar, "que las comunidades autónomas sean instancias de autogobierno próximo a los ciudadanos, prestadoras de servicios de calidad y promotoras de cambio, modernización y progreso".

A juicio del portavoz socialista, las reformas estatutarias más perfiladas hasta ahora, promovidas por los gobiernos de Cataluña y de Andalucía, ambos con presidencia socialista, encajan en las condiciones que recoge la Declaración de Santillana del Mar. Para Caldera, no hay duda de que los proyectos de reforma conocidos se enmarcan en la Constitución y suponen "una modernización y, por tanto, un avance en el proceso autonómico de esas comunidades". La reforma propuesta en Cataluña cuenta con un amplio consenso y el PSOE confía en que ocurra lo mismo con la planteada en Andalucía.

Como justificación de dichas reformas estatutarias, Caldera dijo ayer que "la Constitución no pudo prever el marco de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas que se ha ido configurando". Quitó dramatismo a las reformas, a las que se opone el PP, al recordar que "se han vivido muchas reformas y actualizaciones, porque las comunidades autónomas son cada vez más estimadas por los ciudadanos, que valoran mejor su capacidad de gestión". Se refería a las reformas de 1992 y 1996, pactadas por el PP y el PSOE, que igualaron los servicios competenciales de las autonomías.

Caldera sólo rechazó el llamado plan Ibarretxe porque incumple los tres criterios de la Declaración de Santillana del Mar al "no gozar de consenso suficiente en el País Vasco; al rechazarlo la mitad del electorado, no nacionalista [PP y PSE]; por su contenido y procedimientos inconstitucionales, y por plantearse mientras persiste la violencia de ETA".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de enero de 2004