El Gobierno aprueba la reválida y las pruebas de acceso a la universidad

El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto de la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación que regula la prueba general de bachillerato o reválida, que empezará a aplicarse en el curso 2005-2006 y que dará derecho al título de bachiller. Con este título se podrá acceder a la Universidad y a la FP de grado superior. Finalmente, las universidades que lo deseen podrán establecer procedimientos adicionales de admisión (que contarán como máximo un 40%), a pesar de que los rectores de las universidades públicas habían renunciado a hacer pruebas de acceso posteriores por considerar que este sistema generaría desigualdades entre los alumnos. Actualmente, las universidades privadas realizan pruebas de acceso diversas, aunque algunas se guían por la nota de selectividad.

En lo que sí ha dado marcha atrás el ministerio es en que finalmente las universidades públicas no podrán dejar plazas vacantes. En un principio, en el borrador del real decreto, sí se permitía a los centros dejar plazas sin cubrir si los alumnos no superaban las pruebas de admisión de las universidades.

Para aprobar la reválida habrá que sacar como mínimo un 5. Su resultado supondrá un 40% de la calificación final del título de bachillerato. El 60% restante lo constituirán las calificaciones obtenidas en los dos cursos de esta etapa. Además, habrá una prueba oral en el ejercicio de idioma extranjero. La reválida será de carácter externo a los centros educativos. En cada curso académico habrá dos convocatorias, una ordinaria y otra extraordinaria, en las fechas que establezcan las comunidades autónomas. La prueba tendrá una parte común y una parte específica dependiendo de la modalidad de bachillerato que se haya estudiado.

Comisión para la prueba

El PSOE considera "ilegal" que profesores de los centros privados puedan pertenecer a las comisiones que se constituyan en cada comunidad para organizar la prueba de reválida, informa Servimedia. El decreto establece que esta comisión "esté integrada por un representante de la Administración, un inspector de Educación, un catedrático de educación secundaria y cuatro profesores designados entre el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y entre otros profesores que impartan enseñanzas en el mismo nivel". Es decir, deja abierta la puerta a la posible participación de los profesores de la privada en estas comisiones, aunque no lo dice explícitamente.

Las patronales de la enseñanza concertada se habían quejado de la ausencia de su red de centros en la composición de las comisiones examinadoras contemplada en los borradores de decreto. Los socialistas consideran ahora que esta concesión "es una prueba más de la cadena de favores del Gobierno del PP a la enseñanza privada".