Iniciativa negocia cómo incorporarse al Gobierno catalanista y de izquierdas
Esquerra Republicana aspira a cinco departamentos del nuevo Ejecutivo autonómico
El nuevo Gobierno de la Generalitat que surgirá del pacto catalanista y de izquierdas comienza a tener perfilado el reparto de áreas de poder. Esquerra Republicana tendrá a su líder, Josep Lluís Carod, como conseller en cap con importantes responsabilidades, entre ellas, probablemente, inmigración, política lingüística y relaciones exteriores. Los republicanos aspiran a otros cuatro departamentos. Mientras, Iniciativa per Catalunya negocia con buena disposición y con firmeza su incorporación al futuro Gobierno -podría contar con dos o tres carteras- que pondrá fin a 23 años de pujolismo.
El primer secretario del PSC, José Montilla, y el presidente de Iniciativa, Joan Saura, abordaban anoche la previsible incorporación de ICV-EUiA, no exenta de aristas por limar, al futuro Gobierno de la formación ecosocialista. Por la mañana, los negociadores de ambos partidos allanaron el camino, aunque persistían diferencias programáticas en asuntos como la fiscalidad ecológica, la gestión privada de la sanidad pública y la paralización de algunas obras que ICV considera "desarrollistas". Se trata de aspectos sensibles para la formación ecosocialista, que pretende que en el futuro Ejecutivo catalán se visualice nítidamente la diversidad de sus tres componentes.
"Queda muy poco para cerrar un acuerdo, pero hay cuestiones que siguen abiertas", afirmó Jordi Guillot, uno de los negociadores de Iniciativa, tras una reunión con Ernest Maragall, del PSC. Aunque las negociaciones han avanzado, cuando hoy Joan Saura sea consultado por el presidente del Parlamento, Ernest Benach, dirá que todavía no ha decidido su candidato a la presidencia de la Generalitat. Nadie da en público por absolutamente cerrado el pacto, pero Maragall afirmó: "Está en nuestra manos; por mucho que llueva o nieve, el escenario está muy bien dibujado". Los contactos entre los partidos de izquierda continuarán a lo largo del día de hoy, en el que las ejecutivas de ERC, el PSC e ICV analizarán por separado la propuesta de acuerdo.
El organigrama definitivo sigue pendiente de cerrarse, pero las grandes líneas están definidas. El PSC tendrá la presidencia y la mayoría de las consejerías -ocho o nueve-, entre las que previsiblemente figuran Economía, Trabajo, y Política Territorial y Obras Públicas. Esquerra dispondrá del departamento del conseller en cap y aspira, al menos, a cuatro consejerías más. Los republicanos, según diversas fuentes, dirigirán Enseñanza, Bienestar Social y Gobernación. A ellas se podrían añadir Universidades y Agricultura, aunque todo está pendiente de las últimas reuniones y de la entrada de Iniciativa en el pacto.
Medio Ambiente y alguna otra área de contenido político sin precisar corresponderían a ICV, en caso de que se cierre el pacto. La ley catalana prevé un máximo de 15 consejerías. De ser 15 los consejeros, Cataluña se convertiría en la comunidad cuyo Gobierno tiene más integrantes. El Ejecutivo central cuenta con 15 ministerios. Y, por comunidades autónomas, Andalucía tiene 14 departamentos, Madrid y el País Vasco, 11, y la Comunidad Valenciana, 10.
Los partidos coinciden en que la cartera que tendrá como responsable a Josep Lluís Carod exigirá una reforma legal. Fuentes conocedoras de las negociaciones explican que el líder republicano tendrá buena parte de las atribuciones con que ahora cuenta el conseller en cap en funciones, Artur Mas: inmigración, juventud, deportes, relaciones exteriores y asuntos religiosos (que será rebautizada e incoporará el término laicidad). Carod asumirá responsabilidades en política lingüística, hasta ahora dependiente de Cultura. No obstante, la presidencia del Gobierno, que ocupará Pasqual Maragall, recuperará algunas de las atribuciones representativas y ejecutivas que Jordi Pujol cedió a Artur Mas para darle ventaja en la carrera a la sucesión y que, en su día, la oposición consideró ilegales.
"Consulta general" para el Estatuto
¿Qué hacer si las Cortes rechazan una propuesta de reforma del Estatuto aprobada por una amplia mayoría del Gobierno catalán? Para responder a esta pregunta los negociadores del PSC y de ERC han pasado horas y horas hasta encontrar una fórmula al gusto de todos que no vulnere la legalidad, que no cierre puertas y que no pueda asociarse al plan Ibarretxe.
Finalmente, Josep Maria Vallès, Isidre Molas y Miquel Iceta, por parte de PSC-Ciutadans pel Canvi, y Joan Ridao, Pere Esteve y Carles Bonet, de ERC-Catalunya 2003, han incorporado en el acuerdo programático que si las Cortes rechazaran el nuevo Estatuto se llamará a la ciudadanía a una "consulta general", dejando abierto para un futuro el procedimiento de este proceso en función de la situación. Esta fórmula es lo suficientemente ambigua como para que ambos partidos la consideren satisfactoria y plenamente respetuosa con la legalidad: dentro de "consulta general", subrayan fuentes del PSC y de ERC, caben desde consultas a los ayuntamientos hasta una macroencuesta de opinión e incluso elecciones anticipadas.
Además, en el acuerdo se añade una cláusula por la que se acuerda que en todo el proceso de reforma del Estatuto se pondrá énfasis especial en dialogar con las fuerzas políticas de toda España y con la sociedad civil española en su conjunto para evitar que el proceso sea percibido como unilateral.
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