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Gallardón envía al Tribunal de Cuentas un informe sobre la gestión de Barbadillo

Detectados numerosos pagos sin justificar del consejero delegado de Campo de las Naciones

F. Javier Barroso

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer que ha enviado el informe de la Intervención General del Ayuntamiento al Tribunal de Cuentas para que sea este organismo el que determine si existen responsabilidades en la gestión que hizo entre 1999 y 2000 el ex concejal Jorge Barbadillo Griñán al frente de la Empresa Municipal Campo de las Naciones. Esta investigación ha detectado numerosas irregularidades contables, como pagos efectuados por el ex edil con dos tarjetas de crédito y la ampliación de capital de contratos sin recibir el preceptivo visto bueno del consejo de administración de la empresa, máximo órgano gestor de Campo de las Naciones.

El informe recoge que el dinero para los que no hay justificación o se han pagado conceptos que nada tenían que ver con su actividad suman unos 206.000 euros. Barbadillo pagó desembolsos con una tarjeta Visa y otra American Express del Banco Santander Central Hispano. Entre ellos están alojamientos en hoteles, restaurantes y diferentes conceptos (zapatería o boutique), que nunca justificó, por un montante de 65.293 euros.Los viajes también son un capítulo importante. Entre ellos hay desplazamientos a Barcelona, Roma, Helsinki, París y Milán por un montante de 109.697 euros. El motivo fue ver instalaciones similares al Rockódromo. El informe recoge que estos gastos no están suficientemente justificados. Además, según un resumen elaborado por la Intervención General, quedan por justificar 11.310 euros de esas cantidades. En otras ocasiones, se carecía "de las facturas o recibos" que permitieran identificar el concepto y el contenido específico de cada uno de los gastos, lo que impedía constatar si esos gastos se adecuaban al "funcionamiento de la sociedad y a los fines establecidos en sus estatutos".

Otro capítulo de irregularidades ha sido lo que contablemente se conoce como suplidos. Se trata de anticipos a diverso personal de la empresa por un total de 7.578 euros entre noviembre de 1999 y mayo de 2003 (final del mandato) en el caso de Barbadillo y de otros 20.256 euros para el resto de personal de la empresa. Los auditores reconocen que no se pueden pronunciar sobre su correcta aplicación ante "la ausencia de un adecuado control y seguimiento" por parte de Campo de las Naciones y por "la falta de precisión y concreción de los registros contables correspondientes".

Barbadillo también gastó 51.100 euros en gratificaciones extraordinarias a una serie de empleados "por su mayor dedicación". En concreto, les premió por el acontecimiento deportivo de la Asociación de Tenis Profesional (ATP) y por su participación en la preparación del Congreso Mundial de Alta Velocidad Eurail Speed 2002. La Intervención General entiende que "no se justifican y valoran los importes percibidos", ya que no se hace mención ni al precio de la hora en función de la categoría profesional del trabajador "para justificar objetivamente las gratificaciones concedidas". "El consejero delegado [Barbadillo] no estaría facultado, en nuestra opinión, para aprobar tales justificaciones. Sería el consejo de administración el que tendría la competencia originaria en esta materia", señala el informe.

Relaciones externas

La baja voluntaria de la responsable de Relaciones Externas de Campo de las Naciones, Marta Leguina Fernández-Ávila, supuso el desembolso de 22.999 euros, sin que le fuera retenido el gravamen del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF), cuyo importe alcanzaría los 5.290 euros. "Campo de las Naciones deberá reclamar dicha cantidad a la interesada", concluye el informe.

Uno de los puntos en los que hace hincapié el informe es en la contratación, donde la Intervención General reconoce una falta total de seguimiento de las obras encargadas, por lo que no se puede concluir que los adjudicatarios las hubiesen realizado en su totalidad. Además, los técnicos del Campo de las Naciones no han elaborado el correspondiente informe y, cuando lo han hecho, no han dejado claro la correcta ejecución de las obras o sus posteriores modificaciones. Además, el consejero delegado ha asignado directamente contratos por valor superior a 240.000 euros (el montante máximo legal por el que Barbadillo podía firmar contratos sin pasar por el consejo de administración). Entre ellos destaca un circuito cerrado de televisión por un importe de 247.276 euros, un informe de control de calidad del Rockódromo por 265.701 euros y acondicionamiento del pabellón Icona por 276.144 euros.

Además, los concursos que fueron adjudicados se modificaban al alza y, en la mayoría de las ocasiones, el consejo de administración sólo se da por enterado, sin entrar en más consideraciones. Sus componentes están conformes con la información facilitada por Barbadillo. Entre estos casos está un aparcamiento disuasorio en la calle existente entre los pabellones de Guipúzcoa y La Rioja (Casa de Campo) con un presupuesto de 179.435 euros, que luego se amplió en otros 200.753. Un ejemplo parecido se da con la ampliación de la calle de los restaurantes, en la Casa de Campo, cuyo presupuesto inicial de casi 1,4 millones de euros se amplió después en otros 208.395, según el informe.

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Sobre la firma

F. Javier Barroso
Es redactor de la sección de Madrid de EL PAÍS, a la que llegó en 1994. También ha colaborado en la SER y en Onda Madrid. Ha sido tertuliano en TVE, Telemadrid y Cuatro, entre otros medios. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, está especializado en Sucesos y Tribunales. Además, es abogado y criminólogo.

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