Masivas protestas en Italia contra la nueva ley de medios de Berlusconi

La oposición italiana ha depositado todas sus esperanzas en el presidente de la República. Tras la aprobación en el Senado de la ley de reforma del sistema televisivo, que consolida, e incluso aumenta, la hegemonía del presidente del Gobierno, Silvio Berlusconi, sobre el mercado de la comunicación, el centro-izquierda confía en que el presidente, Carlo Azeglio Ciampi, se niegue a firmar el texto y lo devuelva al Parlamento. En Roma, Florencia, Turín, Palermo y numerosas ciudades del país hubo ayer manifestaciones de protesta contra una ley que muchos juristas consideran inconstitucional.

El empresario Berlusconi llegó al Gobierno con la promesa de resolver su conflicto de intereses, es decir, la difícil compatibilidad entre sus intereses de magnate y el interés público. Después, sin embargo, decidió seguir controlando desde el despacho oficial su imperio económico. Y el martes logró que la coalición de centro- derecha votara en bloque a favor de la llamada ley Gasparri, elaborada por el ministro de la Comunicación, Maurizio Gasparri, con el objetivo de mantener y ahondar un statu quo que beneficiaba sobre todo al holding Fininvest y al grupo televisivo Mediaset, ambos de Berlusconi.

El Tribunal Constitucional advirtió un año atrás, cuando se conoció el proyecto, de que el texto ahogaba el pluralismo informativo y vulneraba los principios constitucionales. En el mismo sentido se expresó el presidente Ciampi, para quien el sistema electoral mayoritario exigía el complemento de "la máxima libertad de expresión". La Presidencia disponía a partir de ayer de 30 días para firmar la ley o para considerarla insatisfactoria y devolverla al Parlamento. La izquierda confiaba en que Ciampi, centrista de raíces tecnocráticas, rechazara el texto.

Decenas de miles de personas se manifestaron ayer en las principales ciudades italianas contra la ley y a favor de un no presidencial. La presión sobre Ciampi resultaba tan obvia que el propio secretario general del Partido de los Demócratas de Izquierda, Piero Fassino, pidió al resto de las fuerzas políticas opositoras que dejaran de "tirar de las solapas" a Ciampi. "El presidente de la República es un hombre lo bastante sabio como para saber lo que tiene que hacer", añadió.

Nadie esperaba una decisión inmediata de Ciampi. Lo más probable era que dejara pasar el día 9, la fecha crucial en que el Tribunal Constitucional tiene previsto anunciar si rechaza o acepta la ley de inmunidad con la que Berlusconi se protegió frente a los jueces. Incluso podría demorar el anuncio hasta después del día 20, para no empañar la última cumbre europea de la presidencia semestral italiana. Por el momento, en el palacio del Quirinal imperaba el hermetismo y se sugería que el presidente no había tomado aún una decisión definitiva sobre el asunto. Las alternativas eran graves: o firmar una ley dudosa que divide al país, o abrir un conflicto institucional con el Gobierno. En caso de que firmara, a la oposición le quedarían las opciones de forzar un referéndum y de acudir a los tribunales europeos.

La ley Gasparri, que la derecha define como "moderna" y la izquierda como "una página negra para la libertad", suprime los antiguos límites a la concentración empresarial en cada sector y crea un nuevo límite global. Ninguna compañía podrá acaparar más del 20% del llamado Sistema Integrado de las Comunicaciones (SIC), un mercado genérico que recoge desde la oferta televisiva terrestre hasta las ventas de discos. El mercado del SIC es valorado en unos 32.000 millones de euros, lo que fijaría el límite en unos 6.000 millones. Mediaset, el grupo de Berlusconi (Tele 5, Italia 1, Rete 4), factura menos de 5.000 millones, por lo que no sólo queda reconocida como legal su posición dominante, sino que se le ofrece margen de crecimiento. Además, con la ley, Mediaset esquiva una sentencia del Constitucional que le obligaba a ceder, antes del 1 de enero, el control sobre la cadena Rete 4.

También se mantienen o se amplían los porcentajes de publicidad en televisión (Berlusconi posee Publitalia, la firma líder), lo que aumentará los ingresos de la televisión privada del presidente del Gobierno, en detrimento de la prensa escrita. Y se congela hasta 2009 la propiedad simultánea de medios escritos y televisiones, con lo que la familia Berlusconi seguirá al frente del diario Il Giornale. El pluralismo informativo queda teóricamente depositado en la futura televisión digital, cuyos cientos de canales son, por definición, lo contrario a un medio de comunicación de masas.

En cuanto a la RAI, la ley prevé para 2004 el inicio de una privatización que mantendrá, de forma indirecta, el control del Gobierno sobre las televisiones públicas. Ningún accionista podrá poseer más del 1% del capital, y el Gobierno (a través del Parlamento) nombrará a dos de los nueve consejeros.