Viera acusa a Zaplana de ampliar el trato favorable al PP en políticas de empleo

El Gobierno traspasó a la Junta las políticas activas de empleo el pasado 1 de mayo, pero el Ejecutivo andaluz no decide sobre su asignación presupuestaria hasta enero de 2004. Una circunstancia que, según la Consejería de Empleo, ha aprovechado el Ministerio de Trabajo para intensificar el trato de favor a los pueblos que gobierna el PP en el último reparto de programas de formación y empleo sobre el que tiene competencias.

Los programas de formación y empleo (escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo, básicamente) absorben la mitad de los 240 millones de euros anuales asignados a Andalucía como políticas activas de empleo. El reparto de estos programas, que son solicitados en su inmensa mayoría por los municipios, ha sido muy criticado en los últimos años por el PSOE y la Junta de Andalucía, que han denunciado de modo sistemático que la distribución de los fondos beneficia a los pueblos gobernados por el Partido Popular.

El último de estos repartos se realizó el pasado mes de abril, apenas un mes antes de que se concretara el traspaso de las competencias sobre políticas activas de empleo a la Junta, una transferencia que el Gobierno central demoró seis años. Como en ocasiones anteriores, esa distribución primó a los municipios dirigidos por gobiernos populares. En el reparto de abril, el 37,4% de los 139 programas asignados en esa fecha a Andalucía, se adjudicó a pueblos del PP, pese a que este partido sólo gobernaba en el 19% de los municipios. El PSOE, con el 60% de los pueblos, sólo logró el 37,4% de los programas. La media de programas por municipio evidenciaba aún más el desigual reparto: la media popular (0,55 centros por pueblo) quintuplicó a la socialista (0,11 centros por municipio).

A pesar de que esta distribución se realizó sólo un mes antes del traspaso efectivo de las políticas activas de empleo y de las elecciones municipales del 25 de mayo, el PSOE no denunció la cuestión hasta junio. La Consejería de Empleo se mostró más cautelosa: el traspaso se realizó después de la programación presupuestaria de 2003, lo que quería decir que el Gobierno central seguía teniendo la sartén por el mango en la distribución de programas hasta el 1 de enero de 2004. De hecho, el acuerdo político que dio pie al traspaso, preveía una comisión mixta entre ambas administraciones para decidir de modo conjunto sobre los programas de formación y empleo que quedaban por repartir. Pero habida cuenta de los datos expuestos ayer por el consejero de Empleo, José Antonio Viera, ese acuerdo político no se ha respetado.

"Piratería"

Viera convocó una conferencia de prensa urgente en el Parlamento andaluz para hablar del tema. En ella, el consejero acusó al PP de cometer un acto de "piratería" política con las escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo, al repartir unilateralmente la mayoría de ellos entre los ayuntamientos andaluces gobernados por los populares. Viera dijo que el Gobierno, "impulsado por el PP andaluz" ha roto los criterios de reparto que se estaban negociando para la última distribución de fondos que debía hacer el Ejecutivo central antes de corresponderle ya al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en virtud de las transferencias de las políticas activas de empleo.

El consejero añadió que la Junta ha podido saber que el reparto se ha realizado de forma unilateral y está a punto de ser publicado en el Boletín Oficial. Tal reparto, según Viera, supone que los ayuntamientos gobernados por el PSOE, que suponen ahora el 58,56% de Andalucía, recibirán el 37,5% de estos programas, mientras que los consistorios del PP (el 19,22%) gestionarán el 44,85% de los fondos (ver grafico).

"Nunca imaginé que el ministro Zaplana y su secretaria general tuvieran tan poca independencia del PP andaluz", sentenció el consejero, quien aventuró que "la presión del ministro Arenas y de la presidenta del PP-A, Teófila Martínez, han hecho que el Gobierno se comporte de forma desleal y sectaria". Viera aseguró que este reparto supone un "grave trastorno" en la planificación realizada en el marco del SAE, tanto para el próximo año 2004 como para 2005, dado que muchos de los programas tienen carácter bianual. "Han hipotecado la posibilidad de trabajar en la cohesión territorial andaluza durante dos años", aseguró Viera.

"Están muy equivocados si piensan que no podremos poner en marcha el SAE sin atender a colores políticos y ser capaces de gestionarlo de modo adecuado y de manera solidaria". Viera adelantó que este reparto "electoralista" obligará a la Junta a modificar sus planteamientos para buscar un equilibrio en la comunidad.