Contra la eterna interinidad

Alrededor de un millar de interinos de todas las provincias andaluzas se manifestarán hoy en Madrid, ante el Ministerio de Educación, para protestar contra el borrador del Sistema de Acceso a la Función Pública Docente.

Paralelamente, los interinos de los centros educativos de Andalucía harán una jornada de huelga.

Según los sindicatos, en Andalucía el 26% de los profesores son interinos.

Estas movilizaciones aspiran a solucionar un problema que se repite. Los interinos tienen que examinarse para poder acceder a la función pública docente, o lo que es lo mismo, ser funcionarios. Y la mayoría ve que no aprueba un examen que tiene, según los afectados, "un baremo injusto pues no valen nada los años de antigüedad dando clases". Seis sindicatos: UGT, CC OO, CSI-CSIF, CGT, Ustea y SADI estarán en las protestas que se celebran en Madrid.

Los tres primeros, representados únicamente por delegados sindicales, mientras que los tres últimos han movilizado a parte de sus afiliados que viajarán en autobuses y trenes desde diferentes provincias andaluzas. Entre ellos, casos muy similares al que cuenta una de las profesoras interinas que se manifestará, Luisa Aberro, profesora del I.E Velázquez. "Llevo dando clase de Tecnología 18 años, cada dos años me presento al examen y nunca apruebo. Ya estoy aburrida pues mi experiencia como docente no vale nada. Hay una parte teórica y si no la pasas no se tienen en cuenta" señala.

Otra de las medidas que proponen los sindicatos para rebajar el gran número de interinos en Andalucía, más de una cuarta parte de los 80.000 que hay en España, es realizar una convocatoria extraordinaria en la comunidad autónoma. Sería la llamada "doble vía". Una convocatoria para examinar a todos y otra "extraordinaria" en la que contaría la experiencia laboral de los interinos que sumaría puntos en la nota final.

Desde el CSI.CSIF se pide al ministerio que "reforme el decreto 850 y que se tenga en cuenta el tiempo de servicio". Unas reivindicaciones que según los sindicatos darán "estabilidad" a un colectivo que engloba según el SADI a 22.000 personas.