Más dinero negro

Los Gobiernos del PP se han mostrado especialmente renuentes a reconocer que la sociedad española tiene un problema grave de fraude fiscal. Una parte de la economía discurre por circuitos fuera de la ley, circunstancia muy onerosa para los ingresos del Estado, tanto en cotizaciones sociales como en impuestos. Hacienda opera como si la economía ilegal y el dinero negro no existieran, pero indicios coincidentes revelan que el fraude está aumentando. Un estudio del Instituto de Estudios Fiscales calcula que entre 1980 y el año 2000 el peso de la economía sumergida ha pasado de representar el 15% del PIB a casi el 21%, y si se cuenta la evolución desde 1996 hasta el 2000 resulta que ha crecido en 9 décimas del PIB.

No es el único indicador. Uno de los signos inequívocos del resurgir del dinero negro es el atesoramiento de efectivo por los particulares. Después de un descenso notable, provocado por la conversión obligada de pesetas a euros en enero de 2002, que hizo desplomarse su volumen desde el 9% del PIB hasta aproximadamente el 7%, el atesoramiento de efectivo ha vuelto a niveles del 9%. Si los cálculos de los economistas, realizados con datos del Banco de España, son correctos, en 18 meses se habrían atesorado de nuevo unos 6.000 millones de euros.

Las explicaciones del Gobierno sobre el crecimiento de la economía sumergida y el fraude tributario son profundamente insatisfactorias. Consisten básicamente en negar la mayor y remitirse al crecimiento de la presión fiscal como un argumento de autoridad de que el dinero aflora y el fraude disminuye. El comportamiento práctico de la Administración tampoco infunde confianza a los contribuyentes. Los planes de persecución del fraude son declaraciones de buenos deseos que pocas veces se contrastan con resultados efectivos. El modus operandi de la inspección fiscal no ha superado el nivel elemental del examen a conciencia de las empresas bien conocidas o de los declarantes censados, pero no hay voluntad política de extender las investigaciones a zonas menos trilladas y más oscuras.

No hay reforma fiscal creíble sin persecución del fraude, porque la equidad forma parte del equilibrio tributario. Pero es que, además, una reducción sistemática del fraude y el afloramiento sustancial de la economía sumergida proporcionarían ingresos suficientes al erario público como para acometer una auténtica reducción de impuestos, y no sólo del IRPF. De hecho, es la mejor reforma fiscal posible y la que probablemente proporcionaría mayor respaldo social a quien la plantee con credibilidad y firmeza.