El PP prohíbe por ley a las autonomías subir las pensiones

El PP, con el apoyo de Coalición Canaria, aprobó ayer en el Congreso la Ley de Medidas Específicas en Materia de Seguridad Social, que impide a las comunidades autónomas aumentar las pensiones no contributivas. El resto de los grupos parlamentarios votó en contra. La norma es la respuesta del Gobierno a una sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2002, que reconoció el derecho de la Junta de Andalucía de complementar dichas pensiones. El PSOE y CiU recurrirán la ley ante el Alto Tribunal.

El presidente andaluz, Manuel Chaves, anunció ayer, en respuesta a lo sucedido en el Congreso, que aprobará hoy por decreto el pago de complementos para las pensiones más bajas. La Generalitat catalana también anunció que seguirá mejorando dichas pensiones. Además de Andalucía y Cataluña, los Gobiernos de Navarra y Baleares y la Diputación de Álava han aplicado medidas para mejorar las pagas de jubilados, viudas o inválidos que no han cotizado a la Seguridad Social o no lo han hecho los años suficientes para tener derecho a las prestaciones contributivas. Su cuantía actual es de 268,77 euros al mes por 14 pagas.

El pulso entre el Gobierno y las comunidades autónomas se inició en diciembre de 1998, cuando la Junta de Andalucía decidió dar una paga de 56,47 euros a 100.000 andaluces receptores de pensiones no contributivas. El Gobierno recurrió esta medida ante el Constitucional, que la avaló por entender que se encuadraba en el ámbito competencial autonómico de la asistencia social y no en el de la Seguridad Social, exclusivo del Estado.

Con la ley aprobada ayer, el Gobierno del PP pretende dejar bien claro que el régimen público de Seguridad Social es competencia exclusiva del Estado y que sólo a éste le corresponde decidir las subidas de todas las pensiones, tanto las contributivas como las no contributivas.