Electoventajismo

El ministro de Trabajo, que es también el portavoz del Gobierno, anunció el martes la subida por encima de la inflación prevista de las pensiones mínimas de jubilación y de viudedad. Ayer, el partido del Gobierno aprobó en el Congreso una ley por la que se impide a las comunidades autónomas aumentar mediante complementos las pensiones del Estado, incluyendo las no contributivas. Lo que une a ambas medidas no es exactamente el electoralismo, sino el ventajismo.

El Gobierno aprovecha la proximidad de las elecciones para presentar como cosa propia -como si las pagase de su bolsillo- una subida que es derivación del Pacto de Toledo, firmado por todos los partidos en 1995 y cuyo desarrollo ulterior, pactado con los agentes sociales, contemplaba el incremento por encima del IPC de las pensiones mínimas. Al mismo tiempo, utiliza su mayoría en el Parlamento, reforzada esta vez por Coalición Canaria, para impedir que también los otros partidos puedan hacer electoralismo subiendo las pensiones no contributivas, a lo que tienen derecho según sentencia del Tribunal Constitucional.

En 1999, Chaves subió en algo más de 750 pesetas al mes las pensiones asistenciales, de menos de 40.000 pesetas, pagadas a las personas que no habían cotizado a la Seguridad Social lo suficiente como para tener derecho a pensiones contributivas. Al Gobierno le pareció que era una medida que rompía el principio constitucional de igualdad y no discriminación y, más específicamente, el criterio de caja única de la Seguridad Social. Sin embargo, tras los correspondientes recursos, el Constitucional resolvió que las pensiones asistenciales no se financian con cargo al presupuesto de la Seguridad Social -o sea, con las cotizaciones de empleados y empleadores-, sino con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y que los complementos de las comunidades autónomas con cargo a sus propios recursos pertenecen a las opciones legítimas propias de la competencia política: a las distintas prioridades en el gasto de cada partido.

El PP se escudó en su momento en el compromiso del Pacto de Toledo de no utilizar el tema de las pensiones en la batalla política para oponerse a las subidas unilaterales por parte de las autonomías; ellos lo utilizan ahora por partida doble: las suben a cuatro meses de las elecciones y legislan para que no puedan hacerlo las comunidades en que no gobiernan. Lo suyo no es electoralismo, sino electoventajismo.