La corrupción salpica a la Casa Rosada en Argentina

La Administración del Estado argentino está infectada de corrupción en todos sus niveles, desde los poderes más altos hasta las comisarías de pueblo. "Allí donde se toca, salta pus", ha advertido el presidente argentino, Néstor Kirchner. El procurador general, Eduardo de la Cruz, reveló que las escuchas telefónicas de la investigación en algunos casos de secuestros muestran contactos entre los secuestradores y oficinas de la Casa Rosada.

El procurador general de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, Eduardo de la Cruz, a cargo de una investigación oficial, reveló que en los casos más resonantes de secuestros, como el del hermano de Riquelme, jugador del Villarreal o el de Antonio Echarri, padre del popular actor argentino Pablo Echarri, se habían comprobado comunicaciones telefónicas entre miembros de las bandas con personas que ocupan oficinas en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, el Edificio Libertador, donde opera el comando en jefe del Ejército de Tierra y el Ministerio de Defensa.

De la Cruz denunció que agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado borraron tramos sustantivos de las escuchas telefónicas. Los fiscales relacionan los operativos conjuntos con los que realizaban grupos de tareas de la dictadura militar en los años setenta.

El jefe del gabinete de ministros, Alberto Fernández, sospecha a su vez que el informe confidencial filtrado a la prensa sobre los cruces telefónicos son parte de una "operación política" de la policía bonaerense para desviar la investigación sobre sus miembros. Según Fernández, "las llamadas tienen absoluta intrascendencia, hace tres días que estamos hablando de militares y empleados de la Casa de Gobierno y no de la policía de la provincia, que en principio era la más sospechada".

Al 60% de los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, unos 27.000, se le iniciaron "sumarios administrativos" por infracciones al reglamento o "errores de procedimiento", aceptar sobornos, incumplir servicios o entregar certificaciones sin comprobar los datos. La Dirección de Asuntos Internos, encargada de investigar los delitos considerados más graves, inició expediente a otros 4.000 efectivos, entre ellos unos 200 altos cargos. La purga alcanzó al jefe de la Brigada Antisecuestros, Ángel Casafús, el policía que salía todas las noches en los telediarios para informar sobre los casos más graves. El promedio de secuestros extorsivos es de uno por día en la periferia de Buenos Aires.

El ministro de Justicia, Gustavo Béliz, advirtió sobre los "políticos ladrones que financian sus campañas con dinero de la corrupción policial". Kirchner ordenó a Béliz que viajara a Suiza para recoger información sobre las cuentas de ex funcionarios abiertas en bancos de ese país, en las que se depositaron fondos ilegales provenientes del tráfico de armas y de otros delitos de corrupción. Los jueces federales argentinos presentaron 18 peticiones de investigación a la justicia suiza. Según el ministro argentino, "está totalmente acreditada la existencia de una cuenta que pertenece a una empresa de fantasía de Ramón Hernández, secretario privado del ex presidente Carlos Menem, en la que hay depositados 6.000.000 de dólares".

Las amenazas contra los que investigan los casos de corrupción también están a la orden del día. Ocho de los fiscales encargados de las investigaciones fueron atacados y amenazados de muerte. El propio presidente argentino, Néstor Kirchner, admitió que también a él le amenazaron. Le llamaron a teléfonos móviles y le dieron datos sobre actividades de sus hijos que sólo conocía la familia.