La instrucción del 'caso Prestige' se atasca por la espera de decenas de pruebas

El juez Javier Collazo, instructor del sumario del Prestige, desborda imparcialidad. Ninguna de las partes personadas en el caso está satisfecha. La Abogacía del Estado se queja por escrito: "Buena parte de las pruebas propuestas el 27 de noviembre de 2002 y acordadas por el juez en diciembre de 2002 no se han llevado a efecto a pesar de los oficios requiriendo a los distintos sujetos a los que se referían". Y también los abogados de Nunca Máis: "La instrucción se encuentra prácticamente paralizada, y no sólo por la complejidad del tema, sino por la falta de la mínima actividad procesal que sería esperable".

Un año después de que asumiera la investigación de la mayor catástrofe ecológica española, apenas ha avanzado en los dos frentes que mantiene abiertos como presuntos causantes del vertido: la actuación tras el siniestro del capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, y la respuesta (alejamiento del buque) de la Administración, personificada en el director general de Marina Mercante, José Luis López-Sors.

El juez mantiene la imputación sobre Mangouras y López-Sors. Ningún elemento de peso ha venido a reforzar su incriminación desde que el juez acordó situarlos como rehenes de la presunta culpabilidad privada o estatal por el vertido de decenas de miles de toneladas de fuel.

El juez está obligado, al tratarse de una causa penal, a buscar personas (no sociedades) culpables de los fallos del barco o de la Administración. Esto choca, según juristas personados en la causa, con la complejidad de un desastre donde se superponen distintos entramados societarios responsables de las presuntas deficiencias del buque previas al siniestro, y que, tras la petición de socorro, se complican con la entrada en escena de intereses privados de armadores, rescatadores, remolcadores y las propias actuaciones del Estado.

En esa investigación, el juez ha bloqueado, según la Abogacía del Estado, un centenar de pruebas que buscan las piezas del puzzle del caso Prestige. A fuerza de rechazar la petición de pruebas por considerarlas no prioritarias, el juez ha provocado la censura no sólo de los personados, sino de la Audiencia Provincial de A Coruña, que criticó el pasado 9 de septiembre, mediante un auto, una resolución del juez Collazo por la que congeló en mayo pasado la batería de pruebas solicitadas por la Abogacía del Estado a fines de 2002 con la siguiente respuesta: "Se llevarán a efecto si la resolución de la instrucción así lo exige en el momento procesal oportuno". Entre tales pruebas aparcadas, figuraban elementos como el contrato de Remolcanosa (propietaria del remolcador Ría de Vigo, cuya sospechosa actuación le generó un expediente de Fomento) con Smit Tak para salvar el Prestige y todas sus comunicaciones por fax o correo electrónico con dicha rescatadora y con las sociedades vinculadas al armador, Universe Maritime, a quien reclamaba sus informes sobre la inspección al petrolero en San Petersburgo en octubre de 2002 y todas sus comunicaciones con Crown Resources, propietaria de la carga y fletadora del buque. También pedía la documentación de la empresa que calibró la chapa del petrolero durante su inspección especial en Guanzú 2001. La Audiencia Provincial criticó la decisión del juez de meter en un cajón procesal tales pruebas: "No aprueba ni deniega y condiciona la admisión de lo propuesto a expectativas ciertamente indeterminadas".

Parecido listado de pruebas atascadas presenta Nunca Máis: declaración de distintas autoridades y capitanes de remolcadores, informes franceses, y toda comunicación de Fomento. La causa,al cabo de un año, lejos de cobrar más imputados, perdió dos en septiembre pasado: el capitán marítimo Ángel del Real y el delegado del Gobierno, Arsenio Fernández de Mesa.

Las pruebas solicitadas no sólo naufragan en lo tocante al círculo del armador. En mayo pasado, la Abogacía del Estado requirió al juez los informes realizados por la Comisión de Investigación de Siniestros Marítimos del Ministerio de Fomento y de la Oficina de Investigación de Accidentes Marítimos de Francia. No hubo respuesta.