La Audiencia exige al juez un nuevo rumbo

La Audiencia Provincial de A Coruña no sólo reprueba la resistencia del juez de Corcubión a exigir pruebas, sino su rumbo instructor, al escudriñar sólo el papel del capitán y de la autoridad que ordenó el alejamiento. Juzga más imperativo investigar el "círculo de responsabilidad del armador", es decir, "la involucración de propietarios, armadores, fletadores, clasificadores, y su intervención, o no, en la creación del riesgo jurídicamente desaprobado para la producción o agravación del resultado". Al juez del Prestige, pese a descargar sus demás sumarios en un juez de apoyo, se le acumula el trabajo en una causa de difícil gestión por sus miles de folios y decenas de personados.

Hay decenas de pruebas que no tramita y otras que aceptó en diciembre de 2002 y que tampoco hallan respuesta. Ejemplos: la empresa rescatadora, Smit Tak, sigue sin entregar el informe sobre sus negociaciones con el armador del Prestige para el salvamento (con sus horas de comienzo y fin, y de firma del contrato), las instrucciones recibidas del armador sobre el rescate y destino del buque; sus informes operativos diarios y la documentación intervenida en el petrolero (véase gráfico).

El propietario de la carga, Crown Resources, "no ha remitido ni uno solo de los documentos que le fue requerido", según acusa la Abogacía del Estado, entre otros, el contrato de la carga, póliza de seguro de la carga contratada, informe sobre su contenido y destino, o cualquier otro informe emitido sobre el petrolero.Mare Shipping, propietaria del petrolero, tampoco ha remitido "ni un solo documento" de los exigidos judicialmente (sus datos societarios y vínculos con Universe Maritime, la armadora, y su informe del accidente, por ejemplo).

El "mismo silencio e incumplimiento de los requerimientos efectuados por el juzgado", en palabras de la Abogacía del Estado, es atribuible a las autoridades de Bahamas, que no ha facilitado aún los certificados y documentación que debió recibir y acreditar para registrar el Prestige, ni tampoco el informe que un representante del petrolero debió emitir en relación con el siniestro.