El Defensor del Pueblo exige investigar al Gobierno y a la Xunta por la crisis del 'Prestige'

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha emitido un informe en el que pide una investigación en profundidad de la actuación del Gobierno central y la Xunta de Galicia en la catástrofe del Prestige, según informa la cadena SER. El texto, uno de los más duros elaborados por la institución, critica la improvisación y la falta de transparencia en las actuaciones de las autoridades durante la crisis del hundimiento del petrolero.

Múgica señala en el texto, al que ha tenido acceso la cadena de emisoras, que "es innegable la necesidad de una investigación integral sobre la reacción administrativa" a la catástrofe ecológica. Así, señala que "los parlamentos" son las instituciones "más apropiadas" para efectuar dicha investigación, de la que "pudieran derivarse responsabilidades de distinto orden".

Información defectuosa

En torno a la difusión de la información oficial sobre la catástrofe, dice el Defensor del Pueblo que ésta ha dado muestra de una política informativa defectuosa e incluso partidista al considerar "inegable que el peligro fue minimizado en un principio e incluso se consideró conjurado poco antes de que la marea negra fuese una realidad". "La dirección y coordinación de la reacción administrativa estatal ante la catástrofe ha sido improvisada al menos en parte", añade el informe.

Se queja además el defensor del pueblo de la información recibida de las administraciones y la califica como "asimétrica" y "desequilibrada" y señala textualmente: "La información estatal carece de un documento de síntesis, que se esperaba de la Vicepresidencia Primera del Gobierno como órgano coordinador, o del Comisionado creado bajo su dependencia (...), que ni siquiera es mencionado en los más de 2.000 folios recibidos. (...) Esta es una forma de proceder impropia y poco aceptable, dada la gravedad de los hechos y la responsabilidad administrativa concernida".

Ante esta situación, el informe apunta que, tras el análisis de la información recibida desde la Xunta y desde la administración central, el Defensor del Pueblo percibe la idea de una pobre previsión sobre la organización administrativa ante este tipo de situaciones catastróficas. Por ello, Múgica pide a la Administración General del Estado la "revisión y actualización" del Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de 2001.

Además, el Defensor también recomienda la elaboración de un informe de "evaluación de daños y perjuicios y de determinación de responsabilidades patrimoniales (civil y administrativa) y disciplinaria".

El informe concluye con poco optimismo, ya que Múgica da por seguro que sus recomendaciones serán archivadas y pasarán al olvido.