Extranjería, elecciones y convivencia

Sin apenas relevancia informativa, el Congreso y el Senado han aprobado una nueva reforma de la Ley de Extranjería -van tres en esta legislatura-, que ha tenido el voto favorable del PSOE. Reforma que a la hora de la verdad cierra la posibilidad de regularizarse y, por tanto, integrarse al medio millón largo de inmigrantes sin papeles que hay en España, sin fijar otra vía de entrada legal que los fracasados "cupos anuales". Reforma que obliga a los ayuntamientos y al sector del transporte a realizar tareas de control y delación de los inmigrantes en situación irregular, sin abrir vías para regularizar a quienes tienen trabajo. Además, a diferencia de lo que ocurrió cuando se aprobaron anteriores modificaciones, ahora no se ha abierto un proceso de regularización extraordinario, que permitió la obtención de permisos a muchos de los que vivían y trabajaban en España. Los socialistas dijeron que la ley introducía mejoras como el permiso temporal con un plazo para buscar trabajo, pero ello sólo será posible para latinoamericanos descendientes de españoles.

La última modificación de la Ley de Extranjería obliga a los ayuntamientos a denunciar a los 'sin papeles'

Este pacto PP-PSOE en materia de inmigración ha originado tensiones entre los socialistas catalanes, dado que por primera vez en la lista de Maragall se presenta, en un puesto con posibilidades de obtener escaño, un ciudadano catalán de origen magrebí, Mohamed Chaib, presidente de la ONG Ibn Batuta, que será el primer diputado musulmán del Parlament. Y muchas de las propuestas de Pasqual Maragall para integrar a los inmigrantes chocan con el texto de la nueva ley bendecida por José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta ahora, por ejemplo, los inmigrantes sin papeles lo primero que hacían era empadronarse para poder darse de alta en la Seguridad Social y matricular a sus hijos en la escuela. Ahora, gracias a la nueva ley, la policía accederá a estos datos, con lo que podrá localizar fácilmente a quienes están en situación irregular. Ello comportará que por temor muchos inmigrantes desistirán de estar en el padrón municipal. Y sin este requisito no tendrán derecho ni a la educación para sus hijos, ni a la sanidad. Por este motivo, también ha habido tensión en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, dado que Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana han exigido al alcalde Joan Clos que no se utilice el padrón como un instrumento de persecución de inmigrantes. Pero la ley es la ley, y habrá que ver qué harán los alcaldes, sean del partido que sean, cuando la policía les requiera las listas de ciudadanos ecuatorianos o marroquíes para cotejarlas con la de quienes tienen papeles. Además, si el inmigrante debe esconderse incluso de su ayuntamiento, las propuestas maravillosas de Maragall para luchar contra la explotación de inmigrantes y la economía sumergida fracasarán, dado que los inmigrantes deberán estar más ocultos que nunca.

Esta reforma de la Ley de Extranjería ha ido acompañada de la aprobación de una modificación del Código Penal, la ley orgánica de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los inmigrantes, que por sarcástico que parezca, pese a su bonito título, modifica el artículo 318 bis del Código Penal, que castiga a penas de cuatro a ocho años a quienes, incluso sin ánimo de lucro, "promuevan, favorezcan o faciliten" la inmigración clandestina o su tránsito. Así, las personas y asociaciones que ayuden a un inmigrante irregular podrán ir a la cárcel en aplicación de este artículo.

A esta situación llegamos, ahora que la izquierda dice que está a punto de gobernar en Cataluña y que Rodríguez Zapatero piensa que puede ganar a Mariano Rajoy en su pugna por La Moncloa.

Alguien dijo que hay cosas que las hace mejor la derecha. Tal vez por ello los socialistas han apoyado estos cambios legislativos, más ahora que en muchos barrios surgen voces y discursos demagogos sobre la cantidad de inmigrantes que allí viven. Y es que proclamar que se desea la integración, mientras se promulgan leyes que hacen imposible entregar documentos e integrar a los que están entre nosotros, sólo potencia la marginación y los guetos. En ese contexto pueden salir beneficiados colectivos como la xenófoba Plataforma per Catalunya, que también concurre a las elecciones, que ponen en peligro con su discurso demagogo la convivencia en ciertos barrios.

Xavier Rius-Sant es periodista