Bruselas propone revisar el riesgo para la salud de 30.000 sustancias químicas

Tras el alarmante aumento de casos de alergia, cáncer, problemas reproductivos y contaminación ambiental hay un factor determinante: el uso de algunas sustancias químicas. Tras cinco años de debate, la Comisión Europea lanzó ayer su propuesta legislativa para controlar 30.000 productos químicos que, fabricados en grandes proporciones, se comercializan en Europa sin haber sido evaluados. Es el llamado sistema REACH (registro, evaluación y autorización de sustancias químicas, en sus siglas inglesas), al que la industria ha criticado por sus altos costes; un sistema pionero en el mundo que mejorará la salud humana y medioambiental, a costa de aumentar los ensayos con animales.

En Europa hay en este momento alrededor de 100.000 sustancias químicas que se comercializan sin apenas control. Un anterior intento de mejorar la seguridad se tradujo en la obligación europea de analizar cualquier sustancia nueva que hubiera salido al mercado después de 1981. El resultado: sólo se han registrado desde entonces 3.000 sustancias y apenas una decena han sido sometidas a una evaluación completa. Se sospecha que el bajo número de registros se debe a que la industria química, la más potente del continente, puntera en el mundo, ha frenado su innovación para no tener que afrontar los gastos que implica.

El sistema REACH que propuso ayer formalmente la Comisión Europea intenta acabar con esa situación en un difícil equilibrio: extender las pruebas a todas las sustancias producidas o importadas a partir de una tonelada anualmente y, al mismo tiempo, no frenar la innovación europea.

Los Verdes del Parlamento Europeo y las organizaciones medioambientales criticaron el texto final aprobado ayer por considerar que es una versión edulcorada del primer borrador barajado por Bruselas. Consideran que debería exigirse más información sobre las sustancias producidas/importadas, que no hay una obligación clara de sustituir las sustancias peligrosas por una alternativa inocua si ésta existe y que tampoco se intenta evitar claramente los ensayos con animales. La industria, por su parte, que ha presionado enormemente contra la normativa por considerar que le costaría 32.000 millones de euros, pérdida masiva de empleo y fuga empresarial hacia el exterior, se reservó ayer su opinión sobre el texto final en espera de analizarlo detenidamente.

Tanto Wallström como Erkki Liikanen, comisario europeo de Empresas, aseguraron que se ha reducido enormemente el coste para la industria, que evalúan entre 2.300 y 5.200 millones de euros. Una cantidad que, según Wallström, no es lo suficientemente importante como para temer por la subsistencia del sector. Bruselas considera, además, que el beneficio para la salud que reportará la nueva normativa será del orden de los 50.000 millones de euros en treinta años.

Los puntos esenciales de la normativa propuesta son los siguientes:

La información requerida será proporcional a los volúmenes de producción y a los riesgos que plantea la sustancia.

Tendrán que evaluarse los expedientes y las sustancias. Deberá efectuarse una evaluación de todo expediente relacionado con propuestas de ensayo sobre animales. La evaluación de expedientes se haría para comprobar que el registro se ajusta a los requisitos exigidos. Las autoridades competentes podrían evaluar toda sustancia sospechosa de comportar un riesgo para la salud humana o el medio ambiente.

La Comisión Europea se reserva el derecho de autorizar toda sustancia considerada peligrosa por sus efectos graves e irreversibles sobre las personas y el medio ambiente. En esta categoría entran las carcinogénicas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción (CMR), las persistentes, bioacumulables y tóxicas (PBT) o las muy persistentes y muy bioacumulables (vPvB).

El actual registro, que obligaba a inscribir toda nueva sustancia producida/importada a partir de los diez kilos, ya no será necesario salvo que alcance la tonelada ahora requerida, lo que fomentará la investigación y desarrollo en sustancias por debajo de ese volumen sin que tengan que ser registradas. Además, el periodo de ensayo para I+D se ampliará a diez años y cinco para las especialidades farmacéuticas.