El administrador infiel

Hace unas semanas este diario informaba de la decisión del consejero de Industria del Gobierno de CiU de anticipar la renovación de las concesiones que disfrutan un reducido grupo de empresas (dos oligopolios) relacionadas con la inspección técnica de vehículos (ITV) y con la inspección y control industrial (EIC), prorrogándoles graciosamente la concesión, que no vencía hasta 2006, por otros ocho años más, hasta 2014. Según la misma noticia, la explicación dada por el consejero fue que estaba obligado a tomar una decisión antes del 15 de enero y consideró mejor prorrogar ahora esas concesiones que esperar a la decisión de un posible "Gobierno en funciones".

No sé a ustedes, pero a mí la decisión me parece, cuando menos, políticamente inoportuna y económicamente discutible, por lo que ahora diré; pero lo que me deja estupefacto es el argumento utilizado para justificarla. Me ha traído a la memoria, debilitada en estas cosas de la religión, la parábola del administrador infiel que relata el evangelio de san Lucas. Si recuerdan, se trataba de un propietario que tenía un administrador a quien acusaron ante él de no administrar bien sus intereses; le llamó y le dijo: "¿Qué oigo decir? Dame cuenta de tu gestión, porque ya no podrás seguir administrando". En esa tesitura, el administrador se preguntó que podría hacer en el futuro si perdía el empleo. "Cavar no puedo", se dijo, "y mendigar me da vergüenza". No tardó en idear una astuta artimaña para lograr que en cuanto fuese despedido pudiese encontrar otras casas que le cobijasen. Fue convocando uno a uno a los deudores de su patrón. Al primero le dijo: "¿Cuánto debes a mi señor?". "Ochenta medidas de aceite", contestó. El administrador le dijo: "Toma tu recibo, siéntate y firma por 40". Después dijo al siguiente: "Tú, ¿cuánto debes?". Contestó el deudor: "Cien cargas de trigo". Y el administrador le dijo: "Toma tu recibo y escribe 50".

Viniendo al caso que nos ocupa, parece como si el administrador autonómico, temeroso de que en las elecciones de noviembre le retiren el mando, hubiese llamado a los concesionarios de esos servicios y les hubiese preguntado: "¿Cuánto años tenías de concesión?". "Ocho", habrían respondido. "Pues sentaos y firmad por ocho más".

No obstante, no hay que cargar las tintas contra el administrador. Una cosa que siempre me ha dejado desconcertado es que, una vez conocida la artimaña, el señor alabó al administrador infiel porque había obrado astutamente, demostrando que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz (Lc. 16, 1-8). Espero que algún exegeta de los textos bíblicos venga en mi ayuda. Pero, dado que la astucia es vista como virtud y no como pecado, debemos preguntarnos qué astucias esconde esta decisión. Encuentro dos.

La primera es la intención oculta detrás de esta decisión de cerrar el paso a la liberalización de este tipo de actividades, de modo que cualquiera de ustedes que quisiera dedicarse a ellas pueda hacerlo libremente, sin más exigencia que la de que sus instalaciones cumplan los requisitos técnicos que se fijen para estas actividades. Vamos, lo mismo que si quisieran dedicarse a la fabricación y venta de pan. Esta liberalización ha sido abierta por un real decreto reciente del Gobierno central, que determina que todos los establecimientos que cumplan esos requisitos técnicos deben ser autorizados de forma automática por las comunidades autónomas. Ese real decreto señala, además, que el nuevo sistema liberalizado comenzará a regir a los seis meses de su entrada en vigor, es decir, el 15 de enero próximo, siempre y cuando la comunidad autónoma no haya fijado antes plazos dentro de los cuales quedará limitado el otorgamiento de nuevas autorizaciones. La astucia del administrador autonómico ha sido anticiparse a esa fecha, y a las de las elecciones de noviembre, para consolidar la situación de poder de mercado que tienen las actuales concesionarias y cerrar el paso a cualquier otro competidor.

La segunda astucia que esconde esta decisión es la tendencia cada vez más intensa a sustituir los impuestos, como fuentes de ingresos para financiar los servicios públicos o las infraestructuras, por instrumentos recaudatorios del tipo canon, tarifas o peajes. Según el consejero, las concesionarios pagarán una cantidad (canon) mayor por disfrutar de la prórroga de ese privilegio, con lo que, en principio, se beneficia la hacienda autonómica. Pero quienes realmente pagará finalmente ese canon serán los usuarios, ya que lo que harán las empresas será trasladarlo a la tarifa. Estamos, por tanto, ante un impuesto oculto, que añadir a los que ya pagamos por disponer de un vehículo.

Como se ve, la elección entre uno y otro sistema tiene consecuencias importantes, tanto para la libertad de iniciativa y la competencia como para los usuarios. Sin duda, el optar entre el sistema de privilegio y el sistema liberalizado es asunto discutible. Pero aquí no se ha discutido; más bien se ha actuado con alevosía y premeditación.

Tengo la impresión de que CiU tiene un sesgo demasiado fuerte y no del todo explicado hacia el modelo de concesión. De hecho, en los últimos años ha renovado y prorrogado concesiones en ámbitos como el transporte por carretera y peajes de autopistas. En algún caso, como fue el de la medición del control de la contaminación atmosférica en grandes empresas y compañías eléctricas, los tribunales declararon ilegal ese sistema de privilegios hacia determinadas empresas. Estamos probablemente ante otra limitación discrecional de la competencia, que perjudica a los consumidores.

Soy partidario de la prohibición general, con excepciones muy justificadas, del sistema de concesión. Es un sistema con tufo propio del viejo sistema feudal de privilegios para ganarse la vida a cuenta del interés general. Algo inaceptable en los tiempos que corren.