De la guerra del agua a la del gas

Primero fue el agua en Cochabamba, ciudad de 600.000 habitantes, con la cordillera de Los Andes como telón de fondo. Allí, la población de la nación más pobre de Suramérica se levantó contra una de las corporaciones más poderosas del mundo y recuperó un bien básico: el agua. Ahora es el gas, el último recurso natural que le queda a Bolivia, el nuevo desencadenante del enfrentamiento, cuyas raíces son profundas y tienen que ver con modelos antagónicos de sociedad y de desarrollo.

Bolivia fue en los años ochenta y noventa un laboratorio para los experimentos del Fondo Monetario Internacional, que recomendaba el ajuste del gasto público y la privatización de empresas estatales. El alumno más celoso en la aplicación de la receta fue Gonzalo Sánchez de Lozada, elegido presidente por primera vez en 1993. En cuestión de dos años, su Gobierno vendió las cinco compañías más grandes del Estado. El petróleo, telecomunicaciones, líneas aéreas, electricidad y los ferrocarriles fueron privatizados.

Todas estas operaciones no sirvieron para mejorar las condiciones de vida del pueblo, y El Goni, apelativo de Sánchez de Lozada, empezó a ser llamado "vendepatria" por muchos ciudadanos. En 1997, el Banco Mundial puso en la mira de las privatizaciones el sistema de agua, y ofreció al Gobierno condonar 600 millones de dólares a cambio de su privatización. El resultado fue que la compañía californiana Bechtel ganó el contrato para gestionar el agua de Cochabamba hasta 2039, en un concurso con sólo un participante.

El precio del agua subió por las nubes, lo que generó amplias protestas de trabajadores y campesinos. Las huelgas y manifestaciones dejaron la ciudad aislada, hasta el punto de que el Gobierno firmó un acuerdo para revisar tarifas. Las protestas se reanudaron cuando no se respetó el compromiso y se recrudecieron con la llegada del Gobierno de Hugo Bánzer, ex dictador militar en los años setenta. La dimensión de la protesta fue tal que a comienzos de 2000 Bechtel se marchó de Bolivia, el contrato del agua quedó cancelado y se instaló una nueva compañía de agua bajo control público.

En el departamento de Cochabamba se forjó un líder de los productores de hoja de coca llamado Evo Morales, indio aimara, que fundó el Movimiento al Socialismo (MAS). En las elecciones de junio de 2002 quedó a dos puntos del candidato más votado, Sánchez de Lozada, y colocó a 35 parlamentarios, la mayoría procedentes de comunidades indígenas. Odiado y despreciado por las élites criollas, Morales ha sido presentado repetidas veces como un agente al servicio de narcotraficantes.

La lucha contra las privatizaciones y la defensa de los recursos naturales fue la bandera que siempre enarboló el MAS. La experiencia de la guerra del agua sirvió para lanzar nuevas batallas en el sector minero hasta llegar a la llamada guerra del gas, que tiene su origen en la ley de hidrocarburos aprobada en 1996, durante la ola privatizadora del primer Gobierno de Sánchez de Lozada. El anuncio del proyecto de exportar gas boliviano a California y México por parte del consorcio Pacific LNG (Repsol-YPF, British Gas y Pan American) levantó las iras de los indígenas. Cuando se difundió que una de las dos vías de exportación era Chile, la indignación subió de tono. Los bolivianos tienen a flor de piel el odio histórico hacia sus vecinos del sur, frente a los que perdieron su salida al mar en la guerra del Pacífico (1879-1883). La otra opción es Perú, pero algunos informes señalaban que la vía chilena era técnicamente mejor.

"El gas es el último recurso natural que le queda a Bolivia. El estaño y la plata se agotaron", dice el economista Eduardo Michel, de la Universidad Católica de Cochabamba, que recuerda que el país andino exportó desde la colonia minerales a todo el mundo. El problema del gas es que tiene escaso valor añadido, en un país donde el 53% de la población no tiene luz y donde el 91% de los habitantes del campo son pobres. "Hay que transformar el gas en electricidad", reclama Michel. En el altiplano el campesino trabaja de día, pero no puede estudiar de noche, ni tener ordenador por falta de luz.

En este contexto se plantea el debate sobre qué hacer con el gas, cuyas reservas alcanzan los 54,6 trillones de pies cúbicos. "El gas significa desarrollo si se industrializa y es compatible con la exportación", señala Michel. Otras opiniones más radicales sostienen que el gas no tiene que venderse y presentan exportación e industrialización como opciones antagónicas.

La realidad es que el gas es la única garantía de solvencia que puede ofrecer Bolivia. Según Michel, el valor bruto de la producción de gas asciende a 38.220 millones de dólares. De esta cantidad, el Estado obtiene el 18% por el impuesto a boca de pozo, lo que significa 6.879 millones. Los cálculos de los expertos indican que hay reservas de gas para ser vendidas durante 20 años, con lo que el Estado recibirá un ingreso anual de 344 millones de dólares.

"Por cada dólar que se queda en Bolivia, seis van al exterior. Si se distribuyeran los 344 millones de dólares entre los ocho millones de bolivianos tocarían a 43 dólares por habitante y año, en una distribución equitativa", explica Michel. "Para salir de la pobreza, Bolivia necesita un ingreso per cápita de dos dólares diarios y no los 12 centavos que recibiría del gas", concluye el economista. La alternativa que proponen algunos expertos como Michel es más valor añadido, es decir, industrialización. "Fertilizantes, petroquímica, electricidad y exportaciones". Bolivia tiene un producto interior bruto (PIB) de 8.000 millones de dólares. Con una inversión de 344 millones de dólares anuales, lograría crecer un 1,07%. El problema es que la industrialización sólo podría venir de la mano de socios extranjeros, que desconfían del país por la inestabilidad y la falta de seguridad jurídica.