Argentina inicia las privatizaciones con la oferta de 8.000 kilómetros de carretera
El Gobierno argentino se estrenó ayer en la privatización de servicios públicos. A última hora de la tarde se disponía a renovar la adjudicación por otros cinco años de seis corredores viales entre los 38 grupos de empresarios que finalmente se presentaron al concurso. Los tramos de carretera suman en conjunto unos 8.000 kilómetros. De los seis corredores, cuatro serán administrados por las compañías que ofrezcan los cánones más altos. Los dos restantes recibirán un subsidio del Estado, estimado entre el 5% y el 23% de las inversiones comprometidas, y se concederán a quienes reclamen la subvención más baja. Según los nuevos contratos, las empresas sólo tendrán ahora que "mantener y señalizar" las carreteras. El Estado se encargará de las obras de ampliación y de repavimentación. Las reformas fueron criticadas porque supuestamente no queda claro quién tiene la responsabilidad final si hay dudas sobre algunas reparaciones y en caso de demandas por accidentes.
La apertura de los sobres con las garantías y las ofertas económicas estaba prevista para las nueve de la noche, hora española. Los nuevos concesionarios se harán cargo de las carreteras desde el primer día del próximo noviembre y, de acuerdo con las condiciones establecidas en los pliegos, se comprometen a mantener las actuales tarifas de peaje. Los aumentos se autorizarán cuando el promedio de los costes de los materiales de construcción y el índice de salarios básicos suban por encima del 10%.
Los funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi) habían advertido en los días previos a la apertura de los sobres que no se considerarían las ofertas de las empresas que pretendieran renovar la concesión sin haber cumplido con los términos del contrato anterior. Entre esos grupos se incluye a los argentinos Roggio, Macri, Chediak, Dycasa, Perales Aguiar y Supercemento.
Según los inspectores del Occovi y Vialidad Nacional, los actuales concesionarios incumplieron un 59% de sus compromisos. El informe oficial advierte de que 4.500 kilómetros de carretera tienen "problemas de rugosidad, huellas profundas, fisuras y baches". Sólo el 41% del total será devuelto a fines de este mes en las condiciones establecidas por el contrato. Para compensar el deterioro, el Estado argentino deberá invertir unos 200 millones de euros en reparaciones.
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