Los empresarios imputados por la tala de árboles en Baza alegan que perdieron dinero con el negocio

El juicio que se celebra en la Audiencia de Granada por la tala de más de 12.000 árboles en Baza continuó ayer con la declaración de los dos empresarios de la madera acusados y el jefe de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Para Juan Senes Torres y su padre, Juan Antonio Senes Pérez, administradores de Muebles Senes Torres S. L., el fiscal pide una pena de 13 años de cárcel y una multa de 7.380 euros por un delito ecológico, otro de malversación de caudales públicos y otro de desobediencia.

Según el fiscal, estos madereros tenían permiso para extraer sólo madera muerta o deteriorada, permiso que presuntamente sobrepasaron para talar otros árboles hasta llegar a los 13.000 "para obtener un beneficio económico ilícito", según el fiscal. Sin embargo, los empresarios dijeron ayer que en realidad perdieron dinero con aquella tala debido a que la mayoría de la madera era inservible.

La controversia surge en este caso no tanto por la cantidad de árboles talados como por su ubicación. Mientras los encausados responden que en todo momento se trató de árboles, la mayoría chopos, enfermos y con la madera invalidada para ninguna venta rentable, la Fiscalía considera que en algunas zonas taladas se llegó casi al 90% de proporción de árboles sanos. Los madereros insistieron ayer en su declaración en que por mucho que pudieran parecer los 168.283 euros en los que la Guardia Civil estimó en su día el valor de la madera, ellos no obtuvieron un solo céntimo de beneficio.

Senes Torres respondió que fue un guarda forestal del parque quien indicó qué árboles debían cortar sus trabajadores. Según Senes Torres su trabajo se limitó a talar "chopos enfermos y algunos sauces y mimbreras secas en aquellas zonas donde nos indicaron que podíamos actuar". Senes Torres exculpó de todo a su padre asegurando que sus funciones eran estrictamente de asesor.

El jefe de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Alejandro González Monclús, está acusado de un delito ecológico, por no advertir de los vertidos al juzgado y se enfrenta a la petición más leve, dos meses de cárcel y 540 euros de multa. González Monclús declaró que no se arrojaron vertidos contaminantes a los arroyos, y que la limpieza, que el juzgado obligó a la Confederación a realizar tras la tala, fue "innecesaria e incluso perjudicial porque las astillas que allí quedaron de la corta de árboles eran nutrientes beneficiosos para los cauces".