El Gobierno mantiene su política intervencionista sobre las cajas

El reglamento de cajas de ahorro aprobado ayer por el Gobierno vasco mantiene la filosofía intervencionista del primer borrador, aunque el Departamento de Hacienda asegura que no difiere de los aprobados en otras comunidades autónomas. El decreto, que desarrolla la Ley de Cajas aprobada en mayo, incluye algunas modificaciones propuestas por las entidades vascas. El cambio más significativo es la flexibilización de la autorización previa de Hacienda para tomar participaciones en otras empresas. Habrá que pedirla cuando se invierta más del 5% de los recursos propios (un 2,5% en el borrador) .

El Departamento de Hacienda se ha reservado el derecho de intervenir en la política de las tres cajas de ahorro vascas (BBK, Kutxa y Caja Vital), que deben pedirle autorización para realizar buena parte de sus actividades. En realidad, la anterior ley y las normativas de otras comunidades autónomas no difieren demasiado del texto aprobado ayer. La diferencia es que la ley vasca de 1991 no tuvo posteriormente un reglamento que desarrollase las facultades de control e intervención asignadas al Gobierno autónomo.

A partir de ahora las cajas deben pedir permiso a Hacienda para invertir en empresas con más del 50% del capital social de la sociedad participada o por una cuantía superior al 5% de los recursos propios de las cajas, una medida igual a la que existe en las comunidades de Madrid, Cantabria, Asturias y Castilla-La Mancha, según el departamento de Idoaia Zenarruzabeitia. En el borrador se imponía la autorización previa a partir del 2,5% de los recursos, pero se ha suavizado en el decreto final. En los últimos 20 años, Hacienda ha intervenido en cinco casos de toma de participaciones empresariales por parte de las entidades de ahorro vascas, según datos de la propia consejería.

Además de ese asunto, durante la tramitación del borrador y las posteriores alegaciones, han destacado cinco cuestiones que no han gustado a las cajas. El Gobierno sólo ha modificado sus criterios en algunas. Una de ellas alude a la obligación de la BBK, Kutxa y Caja Vital de enviar a Hacienda toda la documentación que deben remitir al Banco de España. El departamento que dirige Idoia Zenarruzabeitia se compara en esto con la legislación de Castilla-La Mancha y asegura que Asturias es aún más rígida, porque es el propio Gobierno regional el que envía la información al Banco de España.

Obra social

Existe también un claro protagonismo del Gobierno vasco en la obra benéfico-social de cada caja. Aunque no se cambia el articulado de la ley anterior, Hacienda se reserva el derecho a establecer, "previa audiencia de las cajas", "las directrices generales" a cada entidad, "teniendo las cajas libertad de elección de los proyectos y actuaciones concretas".

El portavoz del Gobierno, Josu Jon Imaz, destacó que el texto busca aumentar "la transparencia" en la gestión de las entidades. Desde Hacienda, se precisó que se debe controlar a las cajas porque manejan "capital público". En cualquier caso, en el texto final se ha introducido una modificación con respecto al borrador. En principio, se pretendía que las retribuciones y las compensaciones en caso de despido del presidente ejecutivo de cada una de estas entidades lo fijara la asamblea, el órgano soberano de la entidad, lo que aseguraba su total publicidad. Finalmente será el consejo de administración -un grupo más reducido- el que adoptará esos acuerdos, al igual que ocurre con la figura del director general.

También se ha modificado el criterio al abrir y cerrar nuevas sucursales. Las cajas deben informar al Gobierno vasco sobre estas operaciones con antelación, aunque esta obligación se ciñe a las poblaciones con menos de 500 vecinos (menos de mil habitantes, en el borrador). Esta medida persigue evitar que determinados núcleos puedan quedar desprovistos de estos servicios financieros de forma injustificada. El informe de Hacienda no será vinculante, pero estas operaciones sí necesitarán la aprobación de la asamblea de las cajas. La quinta cuestión que generó polémica se refería a la publicidad. No cambia. Se mantiene la idea de que las cajas deberán requerir autorización previa de Hacienda, para que vigile la letra pequeña relativa al coste y al rendimiento de los productos financieros ofrecidos. La Ley de Cajas de mayo está recurrida en el Tribunal Constitucional por 50 diputados del PP y del PSOE por considerar discriminatoria la representación en la asamblea de las entidades de las instituciones e impositores de las localidades de fuera del País Vasco donde aquellas tienen oficinas.