Escuela y vivienda: las dos grandes carencias

Salvo contadas excepciones y a pesar de la incesante llegada de inmigrantes, Cataluña se ha librado de conflictos raciales graves. Al menos hasta la fecha. La inmigración no ha causado ningún gran problema nuevo, pero sí ha puesto en evidencia las carencias de los sistemas educativo, sanitario y de asistencia social que un día se presentaron como poco menos que modélicos.

Las escuelas son el verdadero laboratorio de la nueva sociedad que está creando la inmigración y las sombras acechan. La escuela pública carga con el 80% de los niños con necesidades educativas especiales, el eufemismo que se utiliza para hablar, mayoritariamente de los inmigrantes. La mayor parte de escuelas privadas concertadas, en cambio, siguen haciendo auténticos equilibrios para librarse de acoger a estos niños, pese a que también se financian con fondos públicos.

Los sindicatos de docentes vienen alertando desde hace años de las desigualdades que esto puede causar, pero la mayor parte de escuelas concertadas siguen evitando tanto como pueden la matriculación de alumnos extracomunitarios. Luz Jabardo, de Comisiones Obreras, considera que los gobiernos de Pujol se han "desentendido" de la enseñanza pública. "Sólo se han preocupado, y de forma insuficiente, de que los inmigrantes aprendieran a hablar catalán", afirma.

El catalán, pendiente

Y esta preocupación tampoco ha logrado resultados idóneos. Ya sea por las campañas de promoción o por la voluntad de mejorar su situación sociolaboral los inmigrantes se han inscrito masivamente en las escuelas de catalán para adultos. Y éstas se han colapsado. Òmnium Cultural criticó duramente este hecho la pasada primavera al denunciar que si los inmigrantes no aprenden catalán es porque la Generalitat no pone más medios.

El de la vivienda es el otro gran problema con que se enfrentan los nuevos llegados. Si encontrar un piso digno ya es un auténtico calvario para la mayor parte de los autóctonos, en el caso de los inmigrantes se convierte en una empresa casi imposible. Mariel Araya, de la ONG Sodepau, explica que en los últimos tres años 1.800 inmigrantes les han pedido que les ayuden a encontrar un piso de alquiler en Barcelona. Sólo lo ha conseguido el 3% de los solicitantes. "Los propietarios y las inmobiliarias evitan por sistema alquilar un piso a un inmigrante. Al haber tantos pisos vacíos y cerrados la gente está desesperada por encontrar un lugar para vivir y prefieren alquilarlo a alguien que pague 1.000 euros al mes". "Esto no se puede permitir más tiempo", concluye Araya.