Fosas comunes, legalidad y símbolos

El pasado sábado, 13 de septiembre, el escritor Luis García Montero publicaba una columna sobre la apertura de la fosa común donde se encuentran enterrados los restos de Federico García Lorca, un maestro de Izquierda Republicana y dos banderilleros, en el granadino barranco de Víznar, a propuesta de los familiares de uno de los banderilleros y del maestro y apoyados por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

En ese artículo, García Montero respalda los argumentos dados a conocer recientemente por varios parientes de García Lorca y añade los propios, en contra de que tal exhumación se realice. En realidad, arguye como motivo principal que, manteniendo la fosa común, "el barranco de Víznar, al calor del poeta, tendrá la fuerza de un territorio simbólico", que perdería de otra forma, añadiendo que "la peregrinación sentimental para devotos me parece en este caso mucho más útil que la lápida consagrada al consumo turístico". El escritor cree que el lugar donde se enterró a García Lorca y a sus compañeros perdería el simbolismo que ahora tiene, una vez que se desentierren los restos de los fusilados.

En el artículo de Luis García Montero se vierten inexactitudes y afirmaciones que no se pueden dejar sin contestar, sobre todo para evitar que el autor continúe en el error en el que parece estar cuando dice que "no se trató de un crimen, sino de una ejecución, una sentencia firmada por la autoridad de un régimen. Fue un hecho bárbaro, pero legal".

Esperamos que el desliz de García Montero no sea intencionado, pues es conocido que Federico García Lorca no compareció ante tribunal alguno, sino que fue "sacado" del Gobierno Civil de Granada la noche del 18 al 19 de agosto de 1936 y asesinado, ¿o existe otra denominación para este crimen? Y, aun en el caso de que hubiera comparecido ante un tribunal, como fue el caso de cientos de miles de españoles entre 1936 y 1945, no lo consideraríamos "legal". La legalidad era la emanada de la Constitución republicana, contra la que se sublevaron unos pocos generales, la Iglesia Católica y quienes habían mandado desde antiguo en España, que no podían tolerar que los hijos de los pobres fuesen a la escuela ni que los obreros tuvieran derechos y menos aún que accediesen los campesinos a la cultura representada por las Misiones Pedagógicas, cuya avanzadilla era La Barraca, dirigida por García Lorca.

Para quienes defendemos la aplicación del derecho humanitario internacional, sin excepciones, García Lorca y con él cientos de granadinos, entre ellos Constantino Ruiz Carnero, amigo de Federico y director de El Defensor de Granada; José Palanco Romero, catedrático de Historia y diputado de Izquierda Republicana; Gregorio Morales Martínez, alcalde de Alomartes, destacado miembro del PSOE y abuelo de uno de los firmantes; y tantos y tantos otros, son para nosotros "detenidos-desaparecidos". El delito es imprescriptible y, por tanto, es necesaria la investigación judicial y la determinación de circunstancias y responsables.

Estamos, por tanto, ante unos hechos que no sólo tienen importancia por la personalidad de las víctimas, sino que han de ser reconducidos en la actualidad hacia el cumplimiento de las normas. No cabe, pues, atender a opiniones o tomas de posición ni de los que aún comparten aquellos horrores, y que se escudan tras la "maravillosa transición" de la amnesia y la impunidad, ni de quienes, en su condición de estudiosos, historiadores o herederos, coinciden en dejar las cosas como están.

La exhumación de los restos de Federico y compañeros de martirio sería una de las máximas expresiones de rechazo a la "legalidad" impuesta por la fuerza, de la manera más antidemocrática posible, y base para exigir la reparación legal pertinente, bien sea una declaración judicial, una indemnización o las que hubieren menester. Los esclavos del nazismo, las esclavas sexuales del gobierno japonés del Eje, han sido indemnizados como víctimas de una legalidad injusta, antidemocrática, que ahora no es aceptada por el régimen político actual de libertades y derechos que rige en Alemania y Japón.

No deja, por otra parte, de ser un mero futurible que, como teme la familia Lorca, una vez que sean enterrados los cadáveres "con su cruz y su cementerio", se edifiquen chalés en la zona, ya que ¿por qué no pueden seguir descansando en el mismo lugar, pero con su nombre y unas palabras en su memoria, de modo que el terreno se convierta en un espacio para la reflexión? Lo cual, además, visto que ahora sólo se visita en recuerdo del poeta, lo haría menos turístico y más representativo de la memoria de todos los asesinados por lealtad al régimen democrático y a la República. El lugar ganaría en fuerza evocadora, convirtiéndose en parte fundamental del patrimonio histórico andaluz.

No se trata, en definitiva, de abrir ninguna herida, porque todas están cerradas en falso. Se trata de cerrarlas definitivamente, de que se instaure la cicatriz de la historia, documentada y abiertamente, y no la resquebrajada sutura de la leyenda vergonzante.

Gregorio Morales es escritor y militante de Izquierda Republicana, e Isabelo Herreros es presidente de la Asociación Manuel Azaña de Granada.