Del Parlamento a la campa

Tiene razón Ibarretxe cuando dice que no es una ruptura lo que propone, porque no se trata de que la eufemísticamente llamada "reforma del Estatuto" vaya separada a la sustancial reforma que propone a la vez de la Constitución española. Su reforma exige implícitamente un cambio constitucional, en el que tendría cabida la soberanía del pueblo vasco -porque decidir su futuro en exclusividad y aparte del resto de los españoles es soberanía-. Y su proclamación es coherente con el concepto nacionalista de la "soberanía originaria" sacada del baúl de la mítica, no de ningún tratado político ni histórico, y que exime de contar con el resto de los españoles, obligados a aceptarla so pena de convertirse en crispantes y carentes de la virtud del diálogo. Su reforma estatutaria cabe en su reforma constitucional: no es una ruptura.

Además, el 'lehendakari' pone fecha de caducidad al cambio constitucional que plantea: sólo servirá para una generación

Ibarretxe exige un cambio de Constitución por el que cada pueblo pueda decidir su futuro, lo quieran o no. Menos los vecinos de Amorebieta, que no pueden hacer un refendum para rechazar la central térmica porque, razonablemente, no tienen soberanía para hacerlo. Sólo tiene soberanía el "pueblo vasco", y la Constitución española debiera asumirla con respeto, con diálogo y con amabilidad. Mienten los adversarios políticos de Ibarretxe; y si no, amenazaba Egibar dirigiéndose al PP y al PSE, que digan al pueblo vasco que no puede decidir libremente su futuro.

La contestación, la misma que dio la ejecutiva del PNV de Vizcaya a los concejales de su partido en Amorebieta, es que no puede; que su futuro lo deciden libremente los vascos con el resto del pueblo español, en el marco político aceptado como un Estado democrático por toda la comunidad internacional, y que ampara y respeta la autonomía de los vascos. Si contestaran que sí, posibilitarían la acracia más completa, el cantonalismo más salvaje, el caos para la resolución de todos los conflictos por la vía del enfrentamiento, el hombre lobo para el hombre. Pero, además, el lehendakari pone fecha de caducidad a ese cambio constitucional: solamente servirá para el tiempo de una generación. Mera etapa hasta la independencia de todos los territorios vascos, incluidos los de la República francesa.

La base teórica del Plan Ibarretxe, almibarada con exhortaciones al respeto y al diálogo, es una reacción hacia el medievo y la entronización del más fuerte, sin capacidad de sustituirlo por vías pacíficas. Y se ofrece amablemente a jugar la partida, a demandar respeto, a exigir diálogo, cuando precisamente ha roto la baraja, cuando le ha dado la razón histórica a ETA y a Otegi. Tenía éste razón para mostrarse feliz en el pleno del Parlamento, porque descubría, con toda lógica, que se había levantado el acta de defunción del Estatuto y se abandonaban a las víctimas que han caído en la defensa de la legalidad en el altar ignominioso de la estupidez. Para qué jugarnos la vida si ETA tiene razón, si se la damos haciéndola necesaria, porque nunca quiso constituciones y estatutos. Damos así la razón a sus asesinatos, a sus tropelías y a su estrategia, una vez que ésta es asumida por Ibarretxe. Porque, de no haber sido por la permanencia asesina de ETA, base de la invención del conflicto con España, nunca habría podido plantear tamaño desvarío. Con el abandono del Estatuto por los nacionalistas e IU, en Euskadi atravesamos un estadio en el que no existe marco para la convivencia. Menos mal que ahí está el Estado para evitar estos caprichos, y también la responsabilidad del PP y de su alternativa, el PSOE, que le han advertido a Ibarretxe que pierda toda esperanza.

Resulta de una osadía temeraria reclamar desde casa el cambio sustancial de toda la Constitución para dar acogida a las pretensiones secesionistas, y de fundamentación preliberal, de una de las comunidades de España. Ha sido un debate fuera de sitio, porque no se trataba tan sólo de la legitimidad del Gobierno vasco o del Parlamento para iniciar la reforma del Estatuto, sino, sobre todo, de la legitimidad (la falta de legitimidad en este caso), de las instituciones vascas para alterar esencialmente la Constitución española.

Y unos días después, en las campas de Foronda, pletórico de osadía y satisfecho con poner en crisis a todos, Ibarretxe hizo lo que le faltaba por hacer: mandarle a la jubilación, antes de que decidan las bases de su partido, a Arzalluz. El guía, ahora, es él.