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Tribuna:LA REFORMA FISCAL

En favor del impuesto de sucesiones

La supresión del impuesto de sucesiones, como ha anunciado el PP, beneficiará a los grandes patrimonios y pretende dinamitar el derecho a la igualdad de oportunidades.

Creo, sinceramente, que el PP debería reconsiderar su propuesta de eliminar el impuesto de sucesiones y olvidarse de ella. Durante el tiempo que el PP es responsable del Gobierno central ha decidido reducir el impuesto sobre la renta, un impuesto progresivo, y ha decidido equilibrar el presupuesto contra viento y marea. Aunque muchos puedan estar en desacuerdo, hay que reconocer que este tipo de decisiones forman parte de las opciones políticas de un Gobierno y son, precisamente, las que nos muestran sus perfiles. En general, los gobiernos conservadores prefieren reducir el tamaño del Estado -que, por cierto, es el único espacio de la sociedad donde los recursos se pueden asignar democráticamente en función de las necesidades de los individuos-, son partidarios de reducir los impuestos y proclaman, al mismo tiempo, el interés de equilibrar el presupuesto, con lo que se cierran todas las puertas para que el gasto público pueda crecer. Todo esto suele fundamentarse en razones de eficacia y forma parte del juego político de las sociedades consolidadas y democráticas.

No es lo mismo reducir la tarifa del impuesto de sucesiones que derogarlo

Los Gobiernos conservadores son partidarios de reducir los impuestos

Sin embargo, en esta ocasión, con el tema del impuesto de sucesiones, el PP ha dado un paso más allá, ha sacado los pies del tiesto, tras las huellas de los grandes líderes conservadores. Tras las huellas de Bush y una parte del partido republicano de Estados Unidos, cuyas propuestas para derogar el impuesto de sucesiones se han venido reiterando durante los últimos años. Y también tras las huellas de Berlusconi, que se mueve en esa misma dirección.

Es fácil entender que no es lo mismo reducir la tarifa del impuesto de sucesiones que derogarlo. En un caso estamos modulando el patrón distributivo de las cargas públicas, mientras que en el otro estaremos exonerando de impuestos a un determinado colectivo, el de los ciudadanos más ricos, y esto es ya harina de otro costal. Cuando se propone suprimir el impuesto de sucesiones no estamos planteando una medida ordinaria de política tributaria, sino intentando un cambio en las reglas de juego. Estamos intentando cambiar lo que algunos llamarían la "constitución fiscal".

Y es que el impuesto de sucesiones no es un impuesto cualquiera. Es un impuesto fundamental que permite, en la lógica de nuestra imposición directa, garantizar que todos los acrecentamientos patrimoniales serán igualmente gravados. La imposición directa descansa en una idea muy clara: todo lo que afluye a un sujeto, todo lo que recibe y puede destinar al consumo o a aumentar su patrimonio, debe ser gravado por igual, pues es la suma de todo lo que recibe, el mejor indicador de su capacidad de pago. Alrededor de esta sencilla idea se articulan los impuestos directos, el impuesto sobre la renta que somete a gravamen todos los acrecentamientos patrimoniales que obtenga un sujeto en tanto procedan de su trabajo, de su capital, de sus negocios, del azar o de ganancias de capital, y el impuesto de sucesiones, que grava las restantes vías de acrecentamiento patrimonial, esto es, las donaciones y las herencias. Uno y otro impuestos son, pues, complementarios y entre ambos hacen realidad el principio de la capacidad de pago.

Por eso, la supresión del impuesto de sucesiones, con pretextos traídos por los pelos, vendría a exonerar de tributación, injustificadamente, a toda una vía de acrecentamiento patrimonial, una vía que, además, no afecta a todos por igual, sino que beneficia especialmente a los poseedores de mayores patrimonios.

Junto a esta función, el impuesto de sucesiones aparece, desde su origen, vinculado con la institución de la herencia que, a fin de cuentas, es un vehículo de transmisión de la propiedad que viene a consolidar las desigualdades. Es evidente que los hijos de los más ricos, al heredar, disponen de una situación de partida bien alejada de aquellos otros que carecen de patrimonio. Por eso no han faltado en la historia propuestas abogando, sencillamente, por eliminar la herencia como mejor fórmula para conseguir una auténtica igualdad de oportunidades. Las posiciones más moderadas no se plantean, en cambio, la desaparición de la herencia, pero entienden que un impuesto que grave estas transmisiones de riqueza podría contribuir a suavizar las desigualdades. La idea moderada es muy sencilla: mantengamos la herencia pero detraigamos del capital que se transmite, en mayor medida cuando se trate de patrimonios importantes, una porción que nos permita financiar políticas de igualdad de oportunidades, esto es, que nos permita garantizar efectivamente que todos los ciudadanos, con independencia de su origen y recursos, dispondrán de las mismas oportunidades para estudiar, para formarse y para participar en la sociedad.

Así pues, el impuesto de sucesiones, además de jugar un papel técnicamente impecable cerrando la tributación de todas las vías de acrecentamiento patrimonial, constituye, a la vez, una pieza esencial de un compromiso entre el derecho a heredar de unos y el derecho de todos a disponer de las mismas oportunidades, y es ese compromiso, precisamente, lo que la radicalidad de la propuesta del PP pretende dinamitar.

José V. Sevilla es economista.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 2 de octubre de 2003