Mentir es pecado mortal

Hace poco más de cinco años que la Junta de Andalucía asumió las competencias en materia de Justicia. La provisión de medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia es la tarea, ingente desde luego, que tenemos como responsabilidad y también como compromiso.

Durante este tiempo, nuestro presupuesto para Justicia se ha duplicado: de 114 millones de euros a 229 millones; se ha consolidado el plan informático Adriano, considerado por el Propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el más completo y avanzado de todo el Estado; se está ejecutando el Plan de Infraestructuras Judiciales, que dotará de nuevas sedes a la práctica totalidad de los partidos judiciales andaluces; se ha extendido el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita a colectivos sensibles: violencia de género, menores, inmigrantes, reclusos, etcétera; se han creado Servicios de Atención a Víctimas de Delitos en todas las provincias y se han puesto en marcha los Institutos de Medicina Legal, respondiendo a un nuevo modelo profesional y moderno de la Medicina Forense, cuyo exponente más cercano ha sido la actuación ejemplar del Instituto de Medicina Legal de Málaga.

En definitiva, podemos afirmar que la Junta de Andalucía está realizando un esfuerzo considerable, como respuesta a su compromiso, para conseguir que la Administración de Justicia en Andalucía tenga la consideración de un servicio público esencial.

Nuestro objetivo es conseguir que dicha Administración, en el menor plazo de tiempo posible, sea reconocida por los ciudadanos como un servicio eficiente, moderno y eficaz. Aun siendo conscientes de que no es una tarea fácil, ya que en su gestión intervienen otras instituciones (CGPJ: gobierno de los jueces; Ministerio de Justicia: jueces, fiscales y secretarios, así como toda la normativa legal), circunstancia que debía obligar a todas las instancias a un funcionamiento basado en el consenso y la colaboración. Así lo hemos entendido siempre desde la Junta de Andalucía y nadie puede poner en duda, a estas alturas, que nuestro comportamiento ha sido siempre de la máxima lealtad institucional.

Han sido muchas e importantes las reformas legales que ha puesto en marcha el Ministerio de Justicia en los últimos años (Ley de Menores, Ley de Enjuiciamiento Civil, Juicios Rápidos...) sin que haya existido aportación de medios económicos por su parte. Asimismo, se han creado casi 80 nuevos órganos judiciales en Andalucía en este tiempo, sin que tampoco haya habido aportación alguna, aun siendo una obligación legal del ministerio y, lo que es aún más grave, sin que hayamos conseguido todavía proceder a la liquidación de las transferencias desde el año 1997, a pesar de las múltiples reclamaciones y reuniones mantenidas con este fin.

De nuevo parece surgir con descaro el lema de que "para Andalucía, ni agua" y sí ha aparecido, en cambio, una de las mayores tropelías que se han podido escuchar en los últimos tiempos: la Junta de Andalucía tiene la culpa del mal funcionamiento y de la cadena de errores, que por desgracia, se han dado en los casos de asesinato de Mijas y Coín. La mezquindad de semejante intervención por parte del ministro de Justicia habla por sí sola. La falta de lealtad y la cobardía deben haber nublado la clarividencia de arraigada conciencia ética y religiosa. El señor ministro, mejor que nadie, debe saber que mentir de manera tan grosera es pecado mortal.

Por nuestra parte, vamos a seguir trabajando responsablemente por la mejora de la Administración de Justicia, sabiendo que aún queda mucho trabajo por delante, y aun siendo conscientes de que no todo lo hacemos bien, intentado superarnos día a día y esforzándonos, en lo que nos corresponde, para la consecución de un servicio público de Justicia a la altura de lo que nos demandan los ciudadanos andaluces

Jesús María Rodríguez Román es viceconsejero de Justicia y Administración Pública.