La Generalitat sabía desde 2001 que debía intervenir las mutuas de Eurobank

El Gobierno catalán conocía perfectamente desde finales de octubre de 2001 el complejo entramado de sociedades interpuestas entre Eurobank y sus mutuas: 40 sociedades que permitían al banco, hoy intervenido, alimentarse "en gran medida de los recursos procedentes de las primas de los mutualistas de Norton Life y Personal Life", aflorar plusvalías meramente "contables" y, en tercer lugar, que el instigador de toda la trama, Eduardo Pascual, se llenara los bolsillos haciendo de intermediario en operaciones inmobiliarias realizadas por sociedades vinculadas a las mutuas.

Estas practicas, entre otras, fueron comunicadas el 25 de octubre de 2001 a la Dirección General de Política Financiera de la Generalitat por la auditora que había contratado oficialmente para rastrear las mutuas, Ernst & Young, según consta en el Informe Especial de asesoramiento técnico a las tareas de control financiero del Gobierno catalán, con carácter definitivo y al que ha tenido acceso este diario.

Dicho informe apunta en su apartado número cuatro que las irregularidades detectadas "son causas suficientes que justificarían la incoacción de expediente de medidas de control especial" sobre las mutuas de previsión social vinculadas a Eurobank, con cerca de 7.500 mutualistas (2.476 pólizas de unit linked y alrededor de 5.000 prejubilados), y a su presidente, Eduardo Pascual. En particular, sobre la mutua Norton Life. La tutela y supervisión de las mutuas pertenecían a la Dirección General de Política Financiera, que depende jerárquicamente del consejero de Economía y Finanzas (Francesc Homs) hasta finales de 2002, cuando se creó la de Seguros.

La Generalitat nunca desveló el rosario de irregularidades detectadas, a pesar de que su actuación sobre este tipo de entidades estaba en el candelero debido a la polémica y politizada intervención de la gran mutua catalana L'Aliança, que, al contrario de lo ocurrido en este caso, se tradujo en apartar a su incómodo equipo directivo.

Una tibia reacción

Sólo un mes después de la intervención de Eurobank por el Banco de España, cuando el Gobierno catalán intervino las mutuas vinculadas a esta entidad financiera (27 de agosto de 2003) tras un alud de críticas por parte de la oposición y de los clientes afectados, Homs informó de las actuaciones realizadas por su departamento. La larga lista arranca el 10 de mayo de 2002, con una resolución que insta a las mutuas únicamente a "reducir su participación en Eurobank", que se considera "excesiva" (4,99% cada mutua) y a "diversificar la inversión de sus depósitos y participaciones".

El departamento de Economía subrayó ayer que la inspección encargada a la auditora "se inició en junio de 2001", que las prácticas que detectó en su informe del octubre siguiente "no eran ilegales" y que, tras escuchar las correspondientes alegaciones de los administradores de las mutuas, se decidió a adoptar las mencionadas medidas cautelares de mayo de 2002.

El informe especial de Ernst & Young destripa la compleja trama de cerca de 40 sociedades montada en torno a Eurobank y a las mutuas Norton Life, Personal Life y Caja Hipotecaria Mutual (ver cuadro). Esta compleja trama, instigada por un Eduardo Pascual apartado temporalmente de la presidencia de Eurobank tras la intervención del Banco de España, le permitía sacar tajada de múltiples negocios inmobiliarios en los que participaban sociedades vinculadas a las mutuas.

El jugoso informe de los auditores resume que "Eurobank se financia en gran medida de los recursos procedentes de las primas de los mutualistas" de Personal y Norton, que "se están anticipando posibles beneficios de promociones inmobiliarias a Pascual" y que "la creación por parte de Eurobank de las sociedades [inmobiliarias] Garrafox, Can Rovira Residencial y Woldin Estudios puede obedecer únicamente al hecho de permitir que aflore plusvalías contables a la entidad financiera [Eurobank]".