Educación indigna a padres y profesores con su polémica reforma del Bachillerato

La última remodelación del Bachillerato realizada por el Departamento de Educación, que encabeza Anjeles Iztueta, de EA, ha levantado una profunda indignación entre padres, profesores y los equipos directivos de los institutos, que la juzgan "innecesaria". La reforma fue aprobada el pasado 19 de junio, en pleno periodo de matriculación, y básicamente consiste en que la materia optativa que pueden elegir los alumnos para completar su educación se reduce de cuatro horas semanales a tres. De esta forma, los estudiantes no pueden cursar como optativa una de las asignaturas de modalidad, que tienen asignadas cuatro horas y que, según recalcan los docentes, contribuyen mejor a su formación.

Junto a las asignaturas comunes a los cuatro bachilleratos que existen en la actualidad, los alumnos deben elegir tres asignaturas de modalidad propias del Bachillerato que cursan y después una más optativa. En estos momentos, el estudiante se ve obligado a elegir esa optativa entre una especie de cajón de sastre donde se incluyen materias de tres horas, que en la práctica no mejoran su formación específica si después pretende realizar estudios en la universidad, al tratarse de conocimientos muy generales.

Con el sistema anterior, en el caso de que un alumno cursara, por ejemplo, el Bachillerato de Humanidades podía elegir como optativa una asignatura de la modalidad del Bachillerato Tecnológico, con lo que podía jugar a elegir entre dos carreras hasta el último momento, es decir, al finalizar el segundo curso.

Todos los expertos consultados por este periódico aseguran que el bachillerato en Euskadi ha perdido en virtud de esta reforma su estructura reversible, a diferencia de lo que ocurre en el resto de las comunidades autónomas. "Algunos alumnos salen muy perjudicados con esta modificación por cuanto se habían prefigurado un itinerario de materias de modalidad y optativas en función de su carrera posterior", según resalta un profesor de instituto.

La génesis de la resolución de junio se encuentra en el decreto que el Gobierno vasco aprobó en julio de 2002 a instancias de la consejería de Iztueta remodelando los bachilleratos. Su objetivo era adaptarlos al decreto de Humanidades, una norma básica de obligado cumplimiento, que el Gobierno central había aprobado un año antes para preparar mejor la futura selectividad. En esa primera remodelación, cuya entrada en vigor está prevista para este curso 2003-2004, la consejería suprimió una hora semanal de las asignaturas de Historia y Filosofía para acomodar mejor los cambios. La presión ejercida por los docentes de ambas materias ha originado la controvertida resolución de junio, devolviéndoles esas horas y, para no aumentar la carga lectiva (que ahora es de 31 horas), suprimiendo una hora de la optativa.

Las primeras consecuencias de la supresión de esa hora se dejaron notar a finales de junio, un momento muy delicado en los institutos al encontrarse en pleno proceso de la matriculación para el siguiente curso. Pero en septiembre esas consecuencias se han hecho más evidentes aún, hasta el punto de que muchos centros privados concertados han optado por desoír la resolución y elevar sus horas lectivas de las 31 actuales a 32.

Esa hora de más se la concederán a la optativa, que así, con cuatro horas, se equiparará a las asignaturas de modalidad y podrá ser elegida por sus alumnos.

Norma de rango menor

En cambio, los centros públicos están atados de pies y de manos, ya que no disponen de más profesores en el caso de aumentar la carga lectiva, ya que es el departamento quien asigna los docentes y quien les paga.

Al caos organizativo que supuso la publicación de la resolución en junio y la diferente forma de aplicarla en los centros de las redes pública y privada, se une otra agravante. El departamento ha recurrido a una norma de rango menor, como es una resolución, para modificar otra de mayor nivel, que es el decreto original que aprobó en julio de 2002 reformando los bachilleratos. Legalmente, un decreto sólo puede ser derogado o modificado por una norma superior o equivalente: otro decreto o una ley. Es precisamente a este argumento al que se aferran algunos de los centros privados concertados, que resaltan que ellos realizaron la matriculación para el curso 2003-2004 acogiéndose al decreto que estaba en vigor, que otorgaba cuatro horas a las asignaturas optativas.

En su resolución de junio, el viceconsejero de Educación, Abel Ariznabarreta, anunció que el departamento iba a elaborar un decreto que modificase el anterior, pero ese decreto no se ha aprobado y el curso ya ha comenzado. Los centros públicos están siguiendo la resolución porque no les dan más profesores para impartir cuatro horas de optativa y algunos centros privados dan Bachillerato de 32 horas, de manera que para ellos no hay modificación y permiten que el alumnado realice los itinerarios que ya tenía preconfigurados.

La reforma del departamento apenas durará un año, lo que la convierte en más prescindible aún. En el curso 2004-2005 entrará en vigor el nuevo Bachillerato impulsado por la controvertida Ley Orgánica de Calidad de Educación, lo que implicará nuevos cambios, con lo que la vigencia de la actual reforma del departamento se limitará a un curso.

Los padres y los directores de los institutos no han tardado en reaccionar con indignación. En concreto, la Asociación de Padres de Alumnos de Euskal Herria, que aglutina a las agrupaciones de defensa de la escuela pública de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y el País Vasco francés, ha enviado una carta al departamento exigiéndole que rectifique la resolución o que permita que los institutos públicos puedan adaptar sus horarios ya que la nueva regulación supone "un grave perjuicio" para los estudiantes.

En su misiva, critican el método empleado por el departamento "de tapadillo, sin consultar y al final del curso" y enfatizan que la medida sólo va a afectar a la red pública porque "en la privada pueden ampliar el horario para poder seguir ofertando lo mismo que el curso pasado, posibilidad que se les está negando a los institutos públicos que han presentado alternativas para paliar el desaguisado".