El escándalo 'Pemexgate' frena las reformas de Fox en México

La negociación de las reformas estructurales ambicionadas por el presidente mexicano, Vicente Fox, quedó bloqueada en el Congreso al chocar el gubernamental Partido Acción Nacional (PAN) y el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre la petición de desafuero del senador priísta Ricardo Aldana, presuntamente implicado en el caso de financiación ilegal conocido como Pemexgate.

El legislador fue tesorero del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) y supuesto culpable en el escándalo: el desvío de cerca de 100 millones de dólares de la empresa estatal hacia la campaña del derrotado candidato presidencial del partido, Francisco Labastida, en las generales de julio del año 2000. "No habrá acuerdos a cambio de impunidad", subrayó Germán Martínez, uno de los portavoces del PAN. "Las reformas que el país necesita son de interés nacional y por lo tanto no deben estar sujetas a temas coyunturales".

Las reformas fiscal, energética y laboral son consideradas imprescindibles por el Ejecutivo para activar el crecimiento y serán improbables sin el PRI, mayoría relativa en el Congreso. El PAN detonó la bomba al pedir que la Cámara de Diputados se constituya en Jurado de Procedencia y decida sobre el desafuero del senador antes del día 17 de este mes.

La aprobación de las reformas peligra, según advirtió la secretaria general del PRI y coordinadora de los diputados del partido, Elba Esther Gordillo, promotora de un acercamiento al Gobierno en la aprobación de alguno de los cambios reclamados por la transición mexicana. Cuando el conflicto sobre el desafuero parecía haber quedado aparcado, de mutuo acuerdo, hasta después de la negociación de las reformas, los duros del priísmo encontraron una baza en la petición del presidente de mesa directiva de la Cámara de Diputados, Juan de Dios Castro, que fue asesor jurídico de Fox y está situado, según los analistas, en la órbita del senador panista Diego Fernández de Cevallos, el jefe Diego, cuyas relaciones con el presidente siempre han sido distantes.

"El ambiente que había de posibles negociaciones se rompió. Y lo rompió un ex empleado del presidente de la República, que es presidente de la Cámara de Diputados", protestó Dulce María Sauri, ex presidenta del PRI. No hay certeza, sin embargo, sobre el grado de conocimiento y aquiescencia del mandatario mexicano. Según el presidente del PAN, Luis Felipe Bravo, el movimiento de Juan de Dios Castro contó con el aval de la dirección del partido, pero no fue comunicado a Vicente Fox, porque "no tiene que ver" con las reformas estructurales.

Más rotundo que Sauri fue el senador Emilio Gamboa, ya alcanzado por las investigaciones judiciales en torno a la fraudulenta canalización de la millonada. Gamboa fue responsable de los fondos de campaña de Labastida y debió conocer y apoyar, según los analistas, los mecanismos empleados por los recaudadores. "Es una declaración de guerra contra todo el partido", reaccionó. "El presidente de la República también debería estar preocupado porque la posibilidad de consensos con las fracciones del PRI se alejan".