Argentina reabre dos causas históricas cerradas por las leyes de impunidad

La Cámara Federal de Buenos Aires ordenó reabrir los dos procesos centrales que se seguían a los imputados de graves violaciones a los derechos humanos cometidos en los campos de concentración de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires bajo la dictadura militar, entre 1976 y 1983. Los jueces podrían ahora ordenar nuevamente la detención de unos 70 oficiales y suboficiales liberados en su día del proceso por la aplicación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que el Parlamento argentino consideró "insanablemente nulas" hace diez días.

Con el apoyo del Ejecutivo y del Congreso, el Poder Judicial argentino parece desandar al fin el atajo de la impunidad y el olvido con el que se intentó cerrar la investigación sobre unos 30.000 casos de ciudadanos secuestrados y desaparecidos entre 1976 y 1983, bajo la dictadura militar. La reapertura de las dos causas permitirá enjuiciar los crímenes cometidos bajo jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército de Tierra en la Capital Federal, y en la Escuela de Mécanica de la Armada (ESMA), donde se estima que fueron secuestradas, torturadas y asesinadas más de 5.000 personas entre 1976 y 1980. Los procesos pueden continuar hasta que el Supremo se pronuncie definitivamente sobre la validez de las llamadas leyes de impunidad, declaradas inconstitucionales en los tribunales inferiores.

Por su parte, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral firmó ayer la orden para dejar en libertad a los 39 militares y el abogado que fueron detenidos preventivamente hace cuarenta días a petición de la justicia española. Canicoba Corral desestimó los argumentos de Baltasar Garzón, y de las organizaciones de derechos humanos que reclamaban mantenerlos en prisión mientras se reanudan los procesos en Argentina. De todos modos, siete de ellos -Emilio Massera, Jorge Videla, Rubén Óscar Franco, Héctor Antonio Febres, Carlos Guillermo Suárez Mason, Jorge Eduardo Acosta y Juan Carlos Rolón- seguirán bajo arresto por decisiones anteriores de los jueces que investigan la aplicación de un "plan sistemático" para el robo de niños nacidos en cautiverio y robo de bienes. Los demás podrían ser detenidos nuevamente en pocos días porque todos están imputados también en los expedientes del Primer Cuerpo de Ejército y la ESMA.

El juez Canicoba Corral no tenía dudas legales sobre su decisión: "Se pidió su detención con vistas a una extradición, ahora desisten y debo ordenar la libertad, no hay otra cosa que hacer". De todos modos, según adelantó a EL PAÍS el secretario, "es probable que en su resolución el juez de algún modo le responda a Garzón y a los que piden que se los mantenga en prisión". El juez argentino está molesto con su par español. Según Canicoba Corral, "no corresponde transformar ahora el pedido inicial en una denuncia formal. Es un exceso evidente, sólo falta que vengan ellos y juzguen aquí".

Los abogados y testigos que iniciaron la demanda en España regresaron el fin de semana a Buenos Aires y se presentaron ayer a primera ahora en el despacho de Canicoba Corral para retomar la acción penal, acompañados de grupos de militantes políticos reunidos frente a la sede de los tribunales federales. Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de la Plaza de Mayo, pidió al juez que, "sin transgredir lo que corresponde por ley, les mantenga en prisión porque están incriminados por delitos gravísimos".

Los obispos y la tortura

El periódico Página12 reprodujo ayer otro de los testimonios de ex militares que ocuparon altos cargos durante la dictadura recogidos en un documental difundido por la televisión francesa que será retransmitido en Argentina por la cadena Telefé, subsidiaria de Telefónica. El ex general Reynaldo Bignone, bajo arresto en su casa por su participación en el robo de niños nacidos en cautiverio, recuerda una reunión con tres obispos que "estaban de acuerdo" con la tortura. Según Bignone, cuando les consultó "hasta dónde" llegaba la potestad del Estado, uno de ellos le contestó: "Creo que su potestad llega hasta cuando ese hombre hable con dominio de su mente".

El ministro de Defensa, José Pampuro, afirmó que las declaraciones de los ex generales fueron "desafortunadas". Pampuro les pidió que denuncien en los tribunales a los "obispos, empresarios, políticos o dirigentes en general" que fueron cómplices de la represión. El ministro se propone "analizar" con los jefes de las Fuerzas Armadas algún tipo de sanción disciplinaria.