Nicaragua investiga la adopción irregular de cinco niños por familias españolas

Cinco niños nicaragüenses de entre cinco y doce años residen de forma irregular con tres familias españolas. La Embajada en Managua rechazó legalizar sus adopciones, solicitadas cuando los pequeños ya estaban en España, por considerarlas fraudulentas. La Fiscalía de Menores de Badajoz estudia uno de los casos y se ha puesto en contacto con el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, donde residen los otros cuatro niños, hermanos. Las familias afectadas defienden su inocencia. "Pensamos que todo era legal", afirman. Las autoridades nicaragüenses investigan la presunta falsificación de documentos y el papel "sospechoso" de una autoridad judicial local.

Las autoridades españolas y nicaragüenses han comenzado a investigar la situación irregular de los cinco menores, sobre la que alertó la Embajada de España en Managua. La legación comenzó a actuar en septiembre del año pasado, cuando un abogado nicaragüense intentó legalizar la adopción de cuatro hermanos (nacidos entre 1991 y 1998). Para ello aportó un contrato hecho ante notario según el cual los padres cedían la patria potestad de los cuatro hermanos a una persona residente en Baleares, según informa la Oficina de Información Diplomática (OID). Los niños ya se encontraban en España.

El abogado pretendía que el cónsul inscribiera ese contrato notarial en el Registro Civil español. El diplomático se negó, ya que la legislación española prohíbe las cesiones de patria potestad hechas de forma privada y sin la intervención de un juez. Además, en Nicaragua (uno de los países más pobres de América) existe una moratoria para las adopciones internacionales desde 1997. Según su legislación, para la adopción o el acogimiento es preciso el abandono previo del menor.

El mismo abogado

En febrero de este año, el mismo abogado acudió de nuevo a la embajada para legalizar otra cesión de patria potestad hecha ante notario, según la OID. Se trataba de la de una niña (nacida en 1997) en favor de una familia residente en Extremadura con la que ya convivía. El cónsul se negó y advirtió de la situación a las autoridades españolas y nicaragüenses.

En Nicaragua, la Policía Nacional, el Ministerio de la Familia y el Ministerio Público (Fiscalía) han tomado cartas en el asunto. Según el Procurador especial de la Niñez, Carlos Emilio López, "es evidente que hay irregularidades administrativas y legales en la forma en que los niños salieron del país". Los cinco pequeños proceden de la provincia nicaragüense de León. Según el Procurador, un juez local de un municipio de esa provincia "autorizó la salida y decretó quitar la guarda y custodia de los niños a los padres". "Es sospechoso que esa misma autoridad judicial haya viajado a España. Presumimos serias violaciones a los derechos de la niñez", añade.

Los primeros menores llegaron a Baleares en diciembre de 1998, poco después de que el huracán Mitch arrasara buena parte de Nicaragua. Se trataba de cinco niños (una bebé, una niña de año y medio, otra de cuatro, un niño de siete y una niña de 10). Viajaban acompañados de su madre y de una empresaria de Baleares. Esta última, que pide silenciar su nombre, había acudido como voluntaria al país centroamericano tras el desastre. "Un sacerdote me pidió que ayudara a la madre y a los niños, que estaban en una situación terrible, y que me los trajera a España", relata. "Le pedí que todo fuera legal. Yo pensaba dar empleo a la madre en mi negocio y ayudarla a sacar adelante a sus hijos", añade. La voluntaria tenía un documento notarial por el que los padres de los niños le concedían a ella "el cuidado, crianza, educación y representación" de los cinco menores. Al cabo de unos días, la madre decidió volver a Nicaragua con las dos niñas mayores y se negó a llevarse a los otros tres, según el relato de la voluntaria. "Me tuve que encargar de ellos. Venían en muy malas condiciones. Los mayores, llenos de cicatrices. Para atenderlos tuve que vender mi negocio", relata la mujer. Entonces pidió al sacerdote que legalizara la cesión de la custodia de los tres pequeños. Recibió ese acta notarial en 1999. Lleva el sello del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Corte Suprema de Nicaragua y una página grapada con un sello de la Embajada de España.

Segundo viaje

En 2002, la empresaria volvió al país centroamericano para una tarea de cooperación en el pueblo de los menores, Quezalguaque. Según su relato, la mayor de las niñas que había regresado con su madre le pidió que se llevara de nuevo a España a la más pequeña porque la cría, de seis años, trabajaba de criada y sufría abusos, afirma la voluntaria. Por indicación de la juez local, una abogada acompañó en el viaje a la pequeña, que fue acogida en Baleares por un matrimonio amigo de la empresaria, explica ésta. Añade que esa pareja dispone de un documento de cesión similar al suyo.

Poco después, la juez de Quezalguaque alertó a la cooperante de que otra niña (de la ciudad de León) se encontraba en mala situación. Por un amigo común, la empresaria contactó con un matrimonio extremeño deseoso de adoptar. La juez y un notario nicaragüense trajeron a la niña a Extremadura en septiembre de 2002. "Ellos nos aseguraron que todo era legal", dice la pareja que se hizo cargo de la niña. El documento que les otorga la custodia lleva el sello del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Corte Suprema.

Las familias niegan que se les haya pedido dinero a cambio de los niños y aseguran que actuaron de buena fe, con la creencia de que todo era legal.