El 'caso Prestige', un enredo jurídico

El Gobierno está explorando una vía inédita para recuperar parte del dinero que se está gastando en arreglar el entuerto del Prestige, una demanda en EE UU contra American Bureau of Shipping (ABS). Se trata de la sociedad clasificadora del barco, una especie de ITV para buques, que certificó la última reparación del navío. Pero la respuesta de la agencia, una de las más importantes del mundo, ha enredado el caso. ABS ha reaccionado demandando a su vez al Gobierno español como único responsable de la tragedia por su "negligencia" al enviar el barco lejos de la costa pese al mal tiempo que reinaba en la zona.

Varios expertos en derecho marítimo e internacional sostienen que el planteamiento español entraña graves riesgos. Sobre todo, dos: que sea juzgada la actuación del Ejecutivo español en un tribunal extranjero, con el coste que comportaría, y que se abra la vía para que se personen en el juzgado de Nueva York que sigue el caso otros afectados, dispuestos a exigir responsabilidades a España. Nadie ve muchas posibilidades de que el Gobierno sea finalmente condenado, pero sí de que se juzgue con todo detalle su actuación.

José María Alcántara, presidente de la Asociación Española de Derecho Marítimo, cree que el Ejecutivo ha sido muy "imprudente" al acudir a EE UU, no sólo porque ha forzado la respuesta agresiva de ABS, "que ha salido valiente y no parece querer negociar", sino también porque "ha abierto la vía para que acudan otros demandantes españoles y se unan al litigio en la forma que lo plantea ABS, contra el Gobierno".

Alcántara sostiene que ya hay bufetes de abogados de EE UU sondeando a los afectados para buscar clientes. Alberto Muñoz, abogado de la coordinadora que reúne 15 cofradías perjudicadas por el Prestige, entre las que están algunas de las más importantes, y representa a 15.000 pescadores y mariscadores, reconoce que se están planteando acudir a EE UU. Para impedirlo, dice Muñoz, el Gobierno ha publicado un decreto en el que ofrece a los afectados un adelanto de las indemnizaciones. Pero a cambio de que renuncien a su derecho a acudir a los tribunales. Muñoz afirma que su asociación está intentando convencer a miles de afectados para que no acepten el dinero fresco del Gobierno, porque en el proceso legal podrán obtener una cantidad digna que compense el daño sufrido. El tope establecido por el Ejecutivo para el total de las indemnizaciones es de 160 millones de euros.

Ignacio Arroyo, presidente del Instituto Europeo de Estudios Marítimos, también se muestra sorprendido por la táctica seguida por el Gobierno: "No entiendo bien que, existiendo un juzgado español que entiende el asunto, se acuda a otro de EE UU". Arroyo considera "muy inusual" la iniciativa española y recuerda que, al presentarse en el extranjero, el Gobierno ha renunciado implícitamente a su inmunidad de jurisdicción. Es decir, España, al defenderse en Nueva York de la demanda de ABS, no podrá alegar que no se le puede juzgar en otro país, porque ha sido ella misma la que ha renunciado a ese derecho. En cualquier caso, Arroyo no cree que la demanda de ABS contra España pueda prosperar, pero sí piensa que se juzgará con detalle.

Todos los expertos tienen clara la motivación del Gobierno para acudir a EE UU, y éste no la niega. La legislación allí es más flexible, más rápida, y sobre todo se puede obtener una compensación mucho mayor porque no se acepta el principio de responsabilidad limitada vigente en Europa.

Pero Íñigo Quintana, socio del despacho Cuatrecasas, especializado en litigios internacionales, cree que los tribunales estadounidenses no serán favorables a las tesis españolas. Allí "el debate va a ser entre iguales" y de carácter técnico. No puede influir "la sensación de tragedia que necesariamente vive un juzgado instalado en Corcubión" (A Coruña).

José Carlos Fernández Rozas, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Complutense, extrañado también por la iniciativa del Gobierno, apunta otro "hecho inusual". "¿Cómo se explica que España esté representada por un bufete privado (Uría y Menéndez) en un litigio internacional, que corresponde a los abogados del Estado?", pregunta.