Noticias del 'Prestige'

La buena noticia es que en el interior del Prestige, hundido a 4.000 metros frente a las costas gallegas, sólo quedan 13.800 toneladas de fuel. La mala es que el petrolero vertió en el mar 64.000 toneladas, muchas más de las 40.000 que admitió el Gobierno en su día. Y la pésima noticia es que el Ejecutivo sigue teniendo una irrefrenable tendencia a informar mal o de forma insuficiente o incluso a engañar a la opinión pública.

¿Sería mucho pedir, nueve meses después de la catástrofe, que se deje de dosificar las informaciones y de diluir su efecto en la opinión pública? ¿Sería posible que el Gobierno informe de cuántas toneladas de fuel vertido siguen en el mar? ¿Durante cuántos meses más calcula que habrá que pagar a las 4.000 personas que este verano han estado limpiando los arenales de Galicia y de todo el Cantábrico?

No se trata de comparar situaciones muy diferentes, pero es evidente que en la España actual no hubiera podido realizarse una investigación como la que en el Reino Unido se desarrolla en relación al caso Kelly, y no digamos como la que durante siete meses ha indagado en Estados Unidos las causas del accidente de la nave Columbia, incluyendo la incidencia que en el trágico desenlace pudieron tener aspectos como la "forma de trabajo de los mandos" o la subestimación por ellos de los riesgos denunciados por los técnicos.

En el caso del Prestige, el Gobierno no fue culpable del accidente, pero sí lo es políticamente de las decisiones que se tomaron a partir de ese momento, incluyendo la forma como ha ido informando de sus efectos. Por supuesto que las autoridades se vieron obligadas a decidir sobre la marcha y en condiciones muy difíciles, lo cual constituye un atenuante de los errores cometidos. Pero lo que no tiene excusa es que, transcurridos nueve meses y vistos los efectos, el Gobierno y la Xunta sigan manteniendo, contra la opinión de cientos de expertos, que hicieron lo correcto. Esa obstinación constituye un freno objetivo a la discusión y aprobación de medidas que eviten la repetición de esos errores en una zona que ha sufrido cinco catástrofes ecológicas en 20 años.

Es descorazonador constatar que el Parlamento francés dispone de información más precisa que la que facilita el Gobierno español a su opinión pública y Parlamento. Y resulta sarcástico que parte de esa información la haya obtenido Francia de altos cargos españoles a los que aquí se prohibió comparecer ante la proyectada comisión parlamentaria de Galicia.

El Gobierno quizá tenga una única disculpa: ha dado los datos que le ofrecieron los expertos que formaban la Comisión Científica que ahora, a lo que se ve, hemos comprobado que hicieron los cáculos a ojo de buen cubero. Reconózcanlo así entonces y, por favor, faciliten todos los datos de que dispongan. Y atiendan a quienes en Francia aseguran que hay varios miles de toneladas de fuel que permanecen en el mar y que pueden alcanzar todavía las costas portuguesas, españolas y francesas. Preocupa el destino de las 24.000 toneladas que nadie sabe dónde están, pero sobre todo que nadie confíe en que éstas sean las cifras definitivas y que, cuando haya que gastar entre 60 y 100 millones de euros para vaciar o proteger el pecio, no se descubra que han salido otros pocos miles de toneladas y que ya no merece la pena. Lo más probable es que entonces el Gobierno diga, de nuevo, que es una gran noticia. Ya no quedará ni una tonelada. La lástima es que el chapapote seguirá ahí, amenazando, de nuevo, nuestras costas.