Los países en desarrollo acuerdan su alternativa al comercio agrícola

Los países en desarrollo presentaron ayer, en la sede de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en Ginebra, un plan para reformar el comercio agrícola en respuesta al acuerdo de liberalización alcanzado la semana pasada por Estados Unidos y la Unión Europea. La propuesta, respaldada por los 15 mayores países exportadores del mundo, sobre todo de Latinoamérica, reclama la eliminación de los subsidios a la exportación y la reducción de las ayudas directas a los agricultores.

Las negociaciones sobre el capítulo agrícola forman parte de la agenda de la próxima cumbre de la OMC, que tendrá lugar en septiembre en México, para liberalizar el comercio mundial. Una semana después de que Estados Unidos y la UE, las dos grandes potencias comerciales del mundo y que más subsidios dan a sus agricultores, llegaran a un acuerdo marco sobre la agricultura, los países en desarrollo han presentado una propuesta alternativa que consideran más equilibrada.

Varios países latinoamericaron se han unido a la propuesta, suscrita por China, India, Suráfrica, Tailandia, Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, México, Paraguay y Perú. El documento pide la eliminación de todos los subsidios a la exportación, comenzando por los que afectan más negativamente a los países en desarrollo, en plazos por negociar.

Esa exigencia contrasta con la de Washington y Bruselas, que proponía eliminar en paralelo subsidios y créditos a la exportación sólo en determinados sectores y reducir simplemente los demás.

En el capítulo de los apoyos internos, la nueva propuesta exige reducir sustancialmente las distintas modalidades de ayudas al sector, que tanto prodigan los países desarrollados, incluidos los considerados hasta ahora como mínimamente distorsionantes del comercio.

Pagos directos

Así, se propone por primera vez eliminar la llamada caja azul, defendida por europeos y estadounidenses, que incluye los pagos directos a los agricultores en el marco de programas de recortes de producción, que no están sometidos ahora a compromisos de reducción.

También se pondría un tope a los subsidios incluidos en la llamada caja verde, ahora autorizados, ya que se considera que tienen un impacto mínimo sobre el comercio, pero de los que recelan los países en desarrollo porque podría abusarse de ellos con fines proteccionistas. Se trata, por ejemplo, de las ayudas a los agricultores en caso de desastre, los gastos en infraestructuras, así como los programas medioambientales o de control de enfermedades.

En el capítulo de acceso a mercados, la iniciativa respalda la fórmula mixta de Washington y Bruselas, que combina recortes drásticos de aranceles con otros mucho más moderados, según los sectores.

Sin embargo, limita al mismo tiempo la flexibilidad que quieren reservarse los países ricos para proteger sus productos más sensibles con salvarguardas especiales (imposición de derechos de aduana adicionales).

Al margen de esa iniciativa, otro grupo de países, entre ellos la República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Sri Lanka y Kenia, presentaron otra propuesta que hace hincapié sobre todo en el trato especial y diferenciado para el mundo en desarrollo, incluido el acceso preferente a los mercados de los países ricos.