Bruselas archivará la queja contra el tributo catalán a los 'híper'

La Comisión Europea se dispone a dar carpetazo al expediente abierto contra el impuesto catalán sobre las grandes superficies comerciales a raíz de una denuncia de la patronal de grandes superficies. Bruselas estima que el impacto del tributo "no trasciende de las fronteras españolas" y que es un "asunto interno" a resolver por las autoridades españolas. El Gobierno español tiene recurrido el polémico impuesto ante el Constitucional.

Bruselas va a desestimar el expediente presentado por las grandes superficies contra el impuesto que el Parlamento de Cataluña aprobó en diciembre de 2000, según indicaron fuentes de la Dirección General de la Competencia familiarizadas con el informe. A la espera de pronunciarse oficialmente, la Comisión Europea considera que el impuesto no puede considerarse como una ayuda de Estado tal y como se define en el Tratado de la UE.

"No es el primer caso en el que la Comisión concluye que la financiación de las infraestructuras que están a disposición del público en general

[en este caso del pequeño comercio tradicional en centros urbanos] no constituye una ayuda de Estado, porque no existe un beneficio selectivo para compañías específicas", indicaron fuentes del Ejecutivo comunitario. Por lo tanto, no puede considerarse como "un impuesto parafiscal".

La autoridad de la Competencia de la UE señala que el impuesto que grava la actividad de las grandes superficies en Cataluña no afecta tampoco ni a los flujos comerciales ni a la competencia más allá de las fronteras nacionales. Con estos dos argumentos de base, se inclina por archivar la denuncia de la patronal Anged (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución), en la que están integradas grandes empresas como El Corte Inglés, Carrefour o Alcampo, y pone punto final a las dudas que renovó hace unos meses el eurodiputado popular Aleix Vidal-Quadras, que pidió el pronunciamiento de la Comisión Europea sobre este asunto.

Respuesta de Monti

En la respuesta del pasado 17 de diciembre, el comisario europeo Mario Monti ya explicó al eurodiputado popular que la supuesta ayuda "parafiscal" estaba excluida y que gran parte de las dudas sobre el diseño del impuesto habían sido respondidas convenientemente por las autoridades españolas competentes. Pero Bruselas había pedido información adicional.

La Generalitat de Cataluña creó el impuesto sobre grandes superficies hace casi tres años, con el objetivo de destinar el dinero recaudado a la modernización del pequeño comercio. El impuesto grava a los hipermercados con una extensión superior a los 2.500 metros cuadrados a 17,4 euros por cada metro cuadrado. En Cataluña existen unos ochenta establecimientos que cumplan esos requisitos.

La norma, aprobada con el beneplácito de todos los partidos del Parlamento catalán, incluido el PP de Cataluña, desató las iras del Gobierno y de las grandes superficies, que decidieron recurrirlo. El Ejecutivo central llevó su queja al Tribunal Constitucional sólo cuatro meses después de su puesta en marcha, aunque este organismo decidió en julio de 2001 que la Generalitat podría aplicarlo mientras fallaba sobre su procedencia. Previamente el Ejecutivo había solicitado un informe al Tribunal de Defensa de la Competencia, que se mostró muy crítico con el tributo, al considerar que iba "abiertamente contra la competencia". Las grandes superficies elevaron su queja hasta Bruselas.

Además de batallar en los tribunales, las grandes superficies optaron por boicotear la medida, por la que la Generalitat esperaba recaudar unos 12,4 millones de euros anuales. Sobre el ejercicio de 2002, el primero en el que podía recaudarse, sólo ha abonado el impuesto Caprabo, presidida por el ex consejero catalán de Economía Josep Manuel Basáñez y cuyo principal negocio son los supermercados. La mayoría de grandes superficies decidieron plantar cara y recurrir a la vía de los tribunales, con la presentación del correspondiente aval. Esta actitud de rechazo ha menguado los recursos que el Gobierno catalán había planeado destinar a la dinamización del comercio urbano.