Bruselas insta a Kirchner a descongelar las tarifas y a compensar a los bancos

La relación entre el Gobierno argentino y las empresas que se hicieron cargo de la concesión de los servicios públicos en los noventa se ha tensado al máximo. Y Bruselas ha terciado en el asunto. El comisario europeo de Comercio, Pascal Lamy, ha reclamado en una carta al ministro de Economía, Roberto Lavagna, que Argentina cumpla con su compromiso de aumentar las tarifas y de compensar a los bancos afectados por la devaluación del peso a la tercera parte de su valor en enero de 2001. Lamy arguye que la situación de las empresas privatizadas es "crítica".

El conflicto es en estos días más político que económico y pone a prueba el liderazgo y el apoyo que el presidente Néstor Kirchner tiene entre los legisladores del peronismo. El ministro de Economía no puede iniciar la revisión de los contratos ni decidir aumentos de tarifas sin aprobación de los proyectos de ley enviados al Congreso.

Antes de viajar a Washington, donde se reunió el jueves con el secretario del Tesoro de EE UU, John Show, y ayer con Alan Greenspan, de la Reserva Federal, el ministro de Economía argentino admitió que las tarifas deben aumentar "teniendo en cuenta que debe haber una utilidad para el inversor, que tienen que quedar además fondos suficientes para nuevas inversiones y hay que contemplar los intereses del consumidor, esto es, mantener la calidad del servicio y atender a la capacidad de pago del usuario".

Como si contestara a las objeciones del ala dura del Gobierno que lidera el ministro de Planificación, Julio de Vido, con quien comparte la comisión que va a renegociar los 61 contratos, Lavagna añadió: "Es cierto que las privatizadas ganaron mucha plata en los noventa, pero ese dinero ya no está, se lo llevaron. Sobre ese stock no se puede hacer nada. Hay que actuar para mantener el flujo de inversiones".

Catorce veces más dinero

A su vez, el ministro De Vido contrató como asesores a los expertos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Los auditores acusan a las empresas de incumplir varias obligaciones de los contratos y comprobaron además que en los años noventa ganaron 14 veces más dinero que las compañías más importantes del país y entre dos y cuatro veces más que las concesionarias de los mismos servicios en otros países. Tras la devaluación en enero de 2002, continuaron ganando dinero en pesos, pero ya no pudieron afrontar las deudas en dólares por créditos tomados en el exterior.

Argentina debe contestar a las denuncias presentadas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial con reclamaciones por más de 17.000 millones de dólares de las empresas que acusan al país por la violación de los contratos que supuestamente se produjo en enero de 2002, cuando se derogó la Ley de Convertibilidad que imponía la paridad uno a uno del peso con el dólar desde 1991.

El mensaje de Lamy -que fuentes comunitarias describieron como "una carta muy normal en el contexto de las negociaciones con Mercosur y debido a que hay un nuevo equipo en Argentina"- expresa, según las mismas fuentes, "los temas que nos preocupan", informa desde Bruselas Sandro Pozzi. La carta llega a Buenos Aires en pleno desasosiego de las grandes empresas españolas con intereses en la región como Telefónica, Repsol, Endesa, SCH y BBVA, por la incertidumbre en América Latina, que se deriva, sobre todo, de los primeros pasos dados por los nuevos Gobiernos en Brasil y Argentina. "El sector bancario es importante para Argentina y hay que asegurarse de que haya sistemas viables", añadieron.

Por otra parte, el Congreso argentino comenzará a debatir el miércoles el paquete de leyes económicas que exige el FMI antes de aprobar un nuevo acuerdo por tres años, en reemplazo del que se firmó el pasado enero.

El próximo 9 de septiembre Argentina afronta vencimientos por 2.900 millones de dólares y aspira a obtener un plazo de gracia por tres años para postergar pagos por más de 12.500 millones de dólares a los organismos multilaterales de crédito. El Gobierno argentino podría presentar en la asamblea anual del FMI de septiembre el plan para reestructurar el 45% de su deuda con los acreedores privados (76.000 millones de dólares).