El Gobierno de coalición navarro vive su primera crisis política

Las ayudas económicas complementarias que el Parlamento navarro aprobó la pasada primavera en beneficio de las pensiones de viudedad han generado la primera crisis política del nuevo gobierno bipartito de la región. Aunque UPN y CDN, el partido de Juan Cruz Alli, han restado importancia a su profunda divergencia en la materia, lo cierto es que la división interna sobre la presunta inconstitucionalidad de equiparar las pensiones de viudedad al salario mínimo interprofesional (SMI) ha obligado a UPN a imponer por vez primera su mayoría en el seno del Ejecutivo foral.

La pretensión de los dos consejeros del partido de Juan Cruz Alli era que el gabinete de Miguel Sanz se personara en la causa abierta en el Tribunal Constitucional (TC) en defensa de la ley navarra.

El gobierno de UPN no se enfrentará al recurso presentado por sus socios del PP contra la competencia navarra para aprobar ayudas propias a las pensiones, pero el Parlamento foral sí defenderá ante el Constitucional la ley foral que las regula.

Cuatro semanas después de la formación de gobierno, realizada el pasado 4 de julio, UPN se ha quedado por primera vez sola en la cámara legislativa al votar CDN junto a los restantes partidos de la oposición una declaración en la que ratifica la constitucionalidad de las ayudas y la plena competencia de Navarra para aplicarlas.

Cuantía "injusta"

El 80% de las 26.000 pensiones de viudedad que la Seguridad Social paga en Navarra está por debajo de los 451,20 euros mensuales fijados para el salario mínimo interprofesional, una cuantía que el propio Miguel Sanz ha calificado de "escasa" e "injusta" en muchos casos. El pasado 14 de marzo entró en vigor la ley aprobada en el Parlamento navarro con el apoyo de todos los grupos, excepto UPN, para equipar las pensiones mínimas con el SMI. Un día antes de que finalizase el plazo de tres meses previsto en la legislación, el 13 de junio, el Gobierno central recurrió la norma ante el TC por considerarla inconstitucional, provocando la suspensión en la aplicación de unas ayudas que insistentemente habían venido demandando todos los partidos.

Fue CDN el partido que impulsó la norma de equiparación y quien considera que "Navarra nada tiene que agradecer respecto a su autogobierno al señor Aznar, ni al PP", según su presidente, Juan Cruz Alli. Por ello, los convergentes no han tenido inconveniente alguno en desmarcarse del gobierno del que forman parte y unir sus votos a los de PSN-PSOE, IU, EA, Grupo Mixto (PNV) y Aralar para personarse y formular alegaciones en el recurso de inconstitucionalidad contra la ley 11/2003 de 7 marzo de ayudas extraordinarias a las pensiones de viudedad.

CDN apoyó, además, la declaración política en la que el Parlamento defiende la "plena constitucionalidad" de la norma, aprobada "en uso legítimo de las facultades y competencias de autogobierno" frente a lo que se considera "una deslealtad institucional" del PP y un "ataque al autogobierno" de Navarra.

No opina lo mismo Miguel Sanz. El presidente de Navarra sigue considerando que las ayudas quiebran el sistema de caja única de la Seguridad Social y generarían, de aplicarse, un espacio de insolidaridad entre las diferentes comunidades. CDN consiguió incorporar en el acuerdo de gobierno con UPN un compromiso para elevar la cuantía de las pensiones mediante un aumento del concepto de renta básica al hasta alcanzar el 90% del SMI.

UPN, que siempre defendió como alternativa la vía de las deducciones fiscales, aprobó como parte de la reforma fiscal pactada con CDN la concesión a cargo de la declaración de IRPF de 900 euros anuales a las pensiones básicas inferiores a 2.700 euros, ayuda que sólo beneficiaría a 8.335 viudas. Ahora, Sanz ha anunciado que en enero de 2004 se extenderá la deducción fiscal de los 900 euros a todas las pensiones de viudedad. Con ello pretende limar asperezas con un amplio colectivo, el de las viudas y viudos que, agrupados en la plataforma Vida Digna, sigue poniendo de manifiesto su disgusto por la actuación de UPN.

Desde enero pasado se aplica ya la deducción fiscal para las pensiones de viudedad inferiores a 2.700 euros. Según los datos del Departamento de Bienestar Social se han tramitado 12.529 solicitudes, de las que se han aprobado 2.000, rechazado 1.200 y el resto sigue pendiente.

Grave irregularidad

Tras la aprobación de la ley por el Parlamento, la oposición acusó al Gobierno foral de estar incurriendo en una grave irregularidad al no habilitar los mecanismos necesarios para aplicacarla. UPN esperó tres meses a que sus socios del PP presentaran el recurso de inconstitucionalidad contra el texto. Sanz advirtió de que la Seguridad Social podría verse tentada de aplicar otra medida alternativa: el descuento en cada pensión de una cuantía equivalente a la paga que Navarra pensaba entregar, con lo que el resultado sería económicamente lesivo para las arcas forales, dice Sanz.

La ley foral justifica las nuevas ayudas porque son percepciones distintas a las de la Seguridad Social amparadas en las competencias exclusivas de Navarra en asistencia social "que se empiezan a percibir donde acaba la potestad del Estado". La Cámara dejó claro que la ley no modifica las condiciones o requisitos exigidos para cobrar subsidios de viudedad ni tampoco su cuantía "por lo que no se invade la competencia exclusiva reservada al Estado sobre la legislación básica, ni se quiebra", señala el parlamento "el principio de unidad presupuestaria del sistema de la Seguridad Social".